Los asambleístas Geraldine Weber (PSC), Ricardo Vanegas (PK), Pierina Correa (UNES), Sofía Espín (UNES) y César Rohón rechazaron el informe de mayoría de la Comisión de Justicia que fijó la temporalidad para el aborto por violación.

En el informe se planteó que las niñas y adolescentes menores de 18 años, que sean víctimas de violación, podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 22 de gestación; o sea cinco meses y medio.

Y las mujeres de 18 años o más podrán hacerlo hasta las 20 semanas, esto es, cinco meses. Mientras, en el caso de las que tienen discapacidad mental se aplicarán los protocolos ya establecidos por el Ministerio de Salud.

Los legisladores de diferentes bancadas aseguraron que se unieron para defender la vida.

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Correa mencionó que no se está analizando el riesgo para la niña, adolescente o mujer. “Este no es un tema de que son católicas o cristianas, de izquierda o derecha, es la vida. Y la evidencia científica señala que más avanzado el estado de gestación, es más riesgo para la madre. Además, de los cinco, seis meses, también hay evidencia de que un bebé puede vivir fuera del útero”, dijo Correa, quien agregó que la temporalidad del informe se trata de un parto prematuro.

También indicó que hay muchos vacíos como qué pasaría con el cuerpo del bebé. “Cuidado estamos abriendo la vía para tráfico de órganos, venta de células madre para fines industriales o farmacéuticos”, sentenció.

Su coidearia Sofía Espín, quien integra la Comisión de Justicia y votó en contra, aseguró que ponen a disposición un informe de minoría para que sea analizado.

Organizaciones de mujeres y feministas convocan a movilización nacional por ley de aborto por violación

“Para intentar salvar la mayor cantidad de vidas posibles estamos planteando un límite de tiempo, de seis semanas para mayores de 18 años y 12 semanas a menores de edad y mujeres de la ruralidad”, aseveró.

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Por su parte, el legislador independiente César Rohón expresó: “Si la Corte Constitucional (CC) quiere legislar, mejor es que se cierre la Asamblea y la CC legisle”, dijo, y añadió que es una “extralimitación” de la CC en este tema.

Sin embargo, apuntó que “no queda más que acatar el dictamen de la CC”.

En tanto, para Ricardo Vanegas, el proyecto de Ley viola todo el sistema jurídico ecuatoriano. “Le pusieron en ese proyecto nuevas funciones que no corresponden a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, demostrando un desconocimiento total de lo que es el sistema procesal”, opinó.

Añadió que hay asambleístas identificados con el color verde, “que es el color de los abortistas” y que las “comisiones no se pueden manejar así”.

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Finalmente, dijo que la mayoría de la Comisión de Justicia está viendo “la presión en redes sociales” y que por eso bajaron los plazos máximos para el aborto por violación.

En tanto, la plataforma Organizadas por una Ley Justa y Reparadora (OLA), integrada por 43 organizaciones de mujeres y feministas del Ecuador, convocó a una movilización para el próximo 25 de enero que se concentrará en la Asamblea Nacional a partir de las 08:30, para exigir a los legisladores la aprobación de una la ley de aborto justa y reparadora.

Incluso desde Guayaquil esperan viajar hacia Quito a la marcha, por lo que abrieron un registro de participantes para financiar el traslado.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, convocó para el 25 de enero a sesión del pleno a partir de las 09:30 para tramitar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley.

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Las voceras de la plataforma Johanna Romero, Susana Guijarro y Sybel Martínez señalaron que fijar plazos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo excluye a las víctimas más vulnerables. (I)