Con el proyecto de ley para el control de flujos irregulares de capitales, que pasó a llamarse proyecto de ‘transparencia social’, el Gobierno Nacional prevé recaudar al menos $ 545 millones, a través del control a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.
Así lo indicó la secretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrea Sánchez, en su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico, este 6 de agosto de 2025.
La mesa presidida por la asambleísta del oficialismo Valentina Centeno (ADN) sesionó a día seguido para continuar con el tratamiento de la cuarta iniciativa enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente.
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A la sesión fue convocada la ministra de Finanzas, Sariha Moya, sin embargo, envió a Sánchez y a Sebastián Londoño, subsecretario de Política Fiscal del Sector Público no Financiero, como sus delegados.
La secretaria de Presupuesto especificó que se estima que con esta normativa se generen ingresos permanentes de $ 545 millones, de acuerdo con un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Mientras que sobre los gastos administrativos que demandará la ley de transparencia social, la representante explicó que, luego de reuniones con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se “está ajustando la escala salarial en la superintendencia para cubrir todos los gastos. Además, planteó que con este ajuste se podrán contratar 20 inspectores. “En la UAFE hay gastos de control que ya están considerados”, dijo.
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Por su parte, Londoño complementó que el cálculo que estimó el SRI de ingresos para este año en flujo por los cambios en la ley de régimen tributario son cercanos a $ 545 millones.
En la Comisión de Desarrollo Económico también compareció Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos, quien detalló que en 2024 se presentaron 5.408 reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero, con un promedio de 15 reportes diarios y 316 reportes de información adicional.
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Mientras que en el primer semestre de 2025, se presentaron 3.396 reportes de operaciones sospechosas, con 146 informes adicionales.
El representante comentó que en Ecuador no existe investigación del lavado de activos, narcotráfico o corrupción que no haya empezado con un reporte bancario.
“Se necesita más información de las instituciones financieras”, agregó.
Luego de Rodríguez, el siguiente compareciente fue Emilio Gallardo, representante del Comité Empresarial Ecuatoriano, quien observó que en la propuesta del Ejecutivo hacen falta definiciones de términos como organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales
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También examinó que puede haber una confusión entre las atribuciones de los entes de control, así como la aplicación generalizada de la ley de Economía Popular y Solidaria a corporaciones que no están registradas por este ente.
Entre tanto, Valentina Centeno anticipó que el próximo miércoles, 13 de agosto, se prevé que aprobación del informe para primer debate de este proyecto de ley. (I)
