Gobierno entra en la recta final en el proceso de reestructuración del Estado

El gobierno de Lenín Moreno está en la recta final del proceso de reestructuración del Estado que se inició en julio del 2017 con la eliminación de los ministerios coordinadores creados por el expresidente Rafael Correa.

Los procesos están a cargo, principalmente, de cuatro instituciones: la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), la Secretaría Planifica Ecuador, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Finanzas, aunque todos se han iniciado con la emisión de decretos ejecutivos.

En torno a las empresas públicas, según el último corte de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en la segunda quincena de enero se concluyó con la liquidación de seis: la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), que queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura; la Empresa Pública de Correos, competencias que asumirá el Ministerio de Telecomunicaciones.

Además, la Empresa de Ferrocarriles, cuyas competencias asume el Ministerio de Turismo; la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico (Ecuador Estratégico), que asume el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; la Empresa Pública de Medios de Comunicación (Medios Públicos EP), que asume el Ministerio de Telecomunicaciones; y Siembra EP (antes Yachay), que queda a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).

Sobre las fusiones institucionales desde el 2019, el Gobierno inició con los procesos de unir cuatro instituciones y dos empresas en una, en el 2019; y seis instituciones en el 2020. De estas, la última fusión fue la de Petroamazonas a Petroecuador por absorción, en diciembre. En el 2020 también se eliminaron siete instituciones y otras tres empresas, cuya extinción se arrastraba desde el 2018.

Para agosto del 2019, el Gobierno tenía previsto que la segunda etapa del proceso de optimización del Estado significaría un ahorro de $ 163 millones más, y aseguraba que, en la primera etapa, el ahorro fue de $ 300 millones. La liquidación de las seis empresas en mención era una de las medidas anunciadas en mayo del 2020 por el presidente Lenín Moreno, con las que se preveía un recorte de $ 4.000 millones en el gasto público y que formaban parte de la tercera y última etapa.

Por designación o por encargo, la EMCO, encargada de la liquidación de las empresas públicas, ha tenido nueve cambios de presidente de directorio desde el 2017 hasta diciembre del 2020. Diario EL UNIVERSO buscó una entrevista con Hugo Orellana, el último presidente designado el 11 de diciembre, desde la primera semana de enero, pero no hubo respuesta positiva hasta el cierre de esta edición. Se ofreció una entrevista para esta semana. Tampoco se conocen aún los resultados totales del proceso de optimización y reducción del Estado.

Mauricio Alarcón-Salvador, coordinador del Observatorio del Gasto Público, manifestó que hay instituciones y empresas que desaparecieron durante cuatro años, pero hay otros anuncios que se han quedado en el camino, generan dudas sobre cuál será el destino y demuestran improvisación en la toma de decisiones sobre este proceso.

En esta situación está la empresa Correos EP, se anunció la desaparición y en la práctica sigue funcionando, y lo último es la negativa a la propuesta del Ministerio de Telecomunicaciones de dividirla en nueve empresas, cuando se cerró porque registraba pérdidas. Además, la empresa de Medios Públicos que la liquidan y luego crean una nueva Empresa Pública de Comunicación del Ecuador EP.

“Esto deja en evidencia improvisación, este es un gobierno que se ha caracterizado por decir lo que la gente quiere escuchar, pero sin sustento técnico”, dijo.

Alarcón-Salvador también señala que existe una falta de transparencia en la entrega de la información de empresas públicas y la inestabilidad en la presidencia del directorio de EMCO contribuye a esto. Una muestra sobre esto es, según el monitoreo que lleva adelante el Observatorio, que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) recién, en el segundo semestre del 2020, reaccionó a que la nómina y sueldos de su personal no era pública y entregó parcialmente datos y cifras que no coincidían.

En tanto, Pablo Ruiz Aguirre, analista político y catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, considera que hace falta control de Gobierno o control político, porque no se sabe qué resultados se alcanzaron y si se cumplió o no con los objetivos.

Ruiz agrega que no se puede construir nada a largo plazo y que depende de la tendencia política que llegue al Gobierno para saber si va a existir “más o menos Estado”.

“Más allá de menos Estado o hasta dónde Estado, yo creo que sí tenemos que empezar a pensar en un servicio público de carrera. El Estado sigue caminando y funcionando más allá del carácter ideológico partidario, como en Alemania, Dinamarca (y otros)”, manifiesta Ruiz. (I)