El 12 de septiembre, el presidente Daniel Noboa Azín dispuso la puesta en marcha del Programa de Redistribución de Recursos, con el objetivo de que los fondos públicos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.

El Gobierno indicó que con esta medida, $ 1.100 millones que antes se destinaban al subsidio al diésel —y que durante años beneficiaron a mafias y actividades ilícitas— se redirigen ahora a incentivos sociales y productivos de forma inmediata y transparente.

“El propósito es fortalecer al sector del transporte, aliviar la economía de las familias dedicadas al agro y apoyar a los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad mediante la devolución del IVA”, señala el Ejecutivo.

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De ese valor se han destinado $ 10,5 millones en incentivos directos al sector transporte, con el objetivo de cubrir los costos operativos de las unidades y evitar un incremento en el valor de los pasajes.

Los recursos se distribuyeron en tres segmentos: $ 5,26 millones para el transporte interprovincial (5.248 beneficiarios), $ 1,75 millones para el intraprovincial (2.905 beneficiarios) y $ 3,49 millones para el intracantonal (5.714 beneficiarios). En total, 13.867 transportistas de todo el país han recibido este apoyo económico.

A ello se suma el programa Nuevo Transporte, que impulsa la renovación de los vehículos con un bono de hasta $ 23.000 por chatarrización voluntaria y créditos de BanEcuador al 9 %, disponibles para taxis, buses, camionetas, camiones y furgonetas

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Distribución por provincias

La provincia de Pichincha concentra el mayor monto, con $ 2,62 millones entregados a 3.436 beneficiarios.

Le siguen Guayas con $ 1,37 millones (1.842 beneficiarios), Manabí con $ 964.000 (1.252 beneficiarios) e Imbabura con $ 640.000 (865 beneficiarios).

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En contraste, provincias como Galápagos y Sucumbíos recibieron montos menores, de $ 5.000 y $ 34.000, respectivamente.

(I)