Este jueves la Corte Constitucional (CC) declaró la constitucionalidad de la Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) relacionada con varios beneficios que se otorgan para los docentes y el Gobierno nacional anunció que convocará a mesas de diálogo a los gremios de docentes y otros actores de la comunidad educativa para viabilizar el cumplimiento de las disposiciones de la Corte.

“El Gobierno Nacional, en cumplimiento de las disposiciones de la Corte, retomará los procesos para viabilizar la correcta implementación de la ley, en las partes que se han declarado constitucionales. Para ello convocará a mesas de diálogo a los gremios de docentes y otros actores de la comunidad educativa, a fin de iniciar la construcción participativa del nuevo Reglamento General y continuar con el diálogo que se ha mantenido desde que se inició la actual administración para definir planes, programas y proyectos a favor de la educación del país”, anunció la Secretaría General de la Presidencia en un comunicado.

El Gobierno dijo también que será respetuoso de la decisión de la Corte Constitucional, que resolvió declarar la constitucionalidad del cuerpo legal.

Sin embargo, la Corte anunció que ha observado omisiones en el procedimiento mediante el cual la Asamblea Nacional aprobó las disposiciones relacionadas con el escalafón, las remuneraciones y el régimen de jubilación especial para docentes.

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Por tanto, los dejó sin efecto y suspendió la vigencia de los artículos relacionados con estos temas hasta que la Asamblea Nacional vuelva a discutirlos contando con los estudios financieros y actuariales constitucionalmente requeridos, en un plazo de siete meses, luego de lo cual conocerá sobre la constitucionalidad de los nuevos textos que se aprobaren.

En el comunicado, el Gobierno dice que la Corte ha repudiado el accionar de la anterior Asamblea Nacional y Presidencia al aprobar y sancionar la ley sin contar con análisis y respaldo sobre su financiamiento.

“El Gobierno del Encuentro trabaja por una educación inclusiva, de calidad y libre de violencia, que contribuya a garantizar el derecho al acceso a la educación, a aportar en la profesionalización docente y a trabajar con toda la comunidad educativa de manera corresponsable”, enfatiza el comunicado.

El fallo en la Corte se aprobó con ocho votos a favor y uno en contra de los jueces constitucionales, en una sesión ordinaria mantenida este 11 de agosto y, como parte de su decisión, se levantaron las medidas cautelares emitidas el 20 de mayo pasado.

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Otra de las reacciones luego del fallo de la Corte Constitucional fue el levantamiento de la huelga de hambre que los docentes empezaron hace 32 días a nivel nacional, justamente reclamando un pronunciamiento del organismo jurisdiccional.

Poco a poco iban levantando los colchones y carpas que se instalaron para elevar su protesta en contra de dos demandas de inconstitucionalidad planteadas a las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional del periodo anterior.

Alonso López, dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayaquil, dijo que se sentían emocionados pero también cansados al haber transcurrido 32 días de esta medida de huelga de hambre, a la que se plegaron unos 100 maestros, docentes y familiares en al menos doce provincias. (I)