La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, explicó este miércoles, 5 de noviembre, que la inmovilización administrativa de fondos a ciertas organizaciones sociales, ocurrida durante el paro nacional, no es una decisión de la Presidencia de la República, sino una medida cautelar que se ejecuta dentro de procesos judiciales.
“Esto inicia como un reporte de operaciones inusuales, pero no depende de la Presidencia. Ya está en manos de la justicia y son procesos que tienen una línea de investigación”, señaló Jaramillo al ser consultada sobre el congelamiento de cuentas ocurrido tras el paro nacional.
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La funcionaria precisó que el Ejecutivo no tiene competencia para suspender ni intervenir en estos casos, ya que las decisiones corresponden a las autoridades judiciales o fiscales.
En el mismo espacio, Jaramillo confirmó que el pago adelantado del decimotercer sueldo se realizará el 16 de noviembre, como lo dispuso el presidente Daniel Noboa. Añadió que la medida busca fomentar la reactivación económica.
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De acuerdo con reportes de medios, como Fundamedios y Wambra, entre las organizaciones afectadas se encuentran Alianza Ceibo y fundaciones vinculadas a la defensa ambiental y de derechos colectivos. Estas entidades denunciaron que los bloqueos se ejecutaron sin notificación previa ni justificación formal, lo que impide su acceso a recursos esenciales para su funcionamiento.
Los bloqueos se habrían dado en el contexto del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras agrupaciones sociales en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas.
En ese marco, varios dirigentes denunciaron también persecución y criminalización de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos por el inicio de investigaciones judiciales.
(I)