Como un “saludo a la bandera” y un documento “inútil” califican expertos del derecho a la resolución que aprobó la Asamblea Nacional en la que se declara responsable político de la infracción constitucional de peculado al expresidente Guillermo Lasso.

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La resolución será remitida tanto a la Contraloría General del Estado (CGE) como a la Fiscalía General del Estado (FGE), pero estas instituciones no están obligadas a tomarla en cuenta; y, en caso de que la última decida hacerlo, solo será un documento más que se sume al expediente de una investigación que ya está en curso.

La Fiscalía abrió una investigación luego de que la entonces asambleísta Mireya Pazmiño presentara el 26 de abril de 2023 una denuncia en la Fiscalía por el presunto delito de peculado contra Lasso por un contrato suscrito en 2018, con una adenda en 2020, entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker, que terminó siendo la misma causal por la que se le siguió el juicio político en la Asamblea Nacional, que se interrumpió por la muerte cruzada en mayo y se reanudó el 29 de noviembre y terminó con la aprobación de la resolución el jueves 30.

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El experto penalista Pablo Encalada, abogado del exmandatario ante la Fiscalía, dice que la resolución del Legislativo no tiene ningún efecto jurídico, y que la acusación que hacen —asegura— “no tiene pies ni cabeza, y a la defensa de Lasso no le resulta incómoda”.

“Es un saludo a la bandera; es algo totalmente inútil lo que hicieron. Y si ellos pretenden enviarlo a la Fiscalía, lo pueden hacer y se sumará a la denuncia que presentó la legisladora Pazmiño. Se acumulará al expediente y ya”, explica.

Encalada menciona que Lasso, en su momento, ya envió a la Fiscalía lo que le fue solicitado mediante un informe. Cuenta que esa investigación siguió su curso, y como su abogado defensor ha buscado que continúe avanzando para que se descarte cualquier presunción, y menciona que es una investigación muy completa.

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Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, califica también como “un saludo a la bandera” la resolución de la Asamblea, y considera que es más bien un “manifiesto”, ya que no determina ninguna responsabilidad clara a Lasso.

Explica que, al aprobar un documento en el que se menciona que se va a notificar a la CGE y a la FGE, esto muestra el desconocimiento de los legisladores sobre la investigación que está en curso y sobre el proceso que la anterior Asamblea llevó a cabo.

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“El proceso de Amazonas Tanker ya está siendo investigado por la Fiscalía. Existe una investigación abierta, y con esta resolución no se va a abrir nada nuevo, y Contraloría ya hizo un examen especial en el que no determinó responsabilidades penales... Quieren notificarle cuando ya se pronunció”, explica.

La CGE examinó, a través de un examen especial, el contrato entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker y nunca recomendó su terminación; solo generó responsabilidades administrativas y civiles, pero sin indicios de responsabilidad penal.

“La Contraloría tiene que decir que ya existe un examen especial abierto, con recomendaciones y conclusiones. Lo que no existe es una obligación con la resolución de la Asamblea para que actúen las autoridades de control, como la fiscal o el contralor”, menciona.

Responsabilidad política va de la mano de una censura

Que se declare a Lasso responsable político de la infracción constitucional de peculado, dice Encalada, tenía lugar solo cuando el presidente estaba en funciones e iba de la mano de una censura, figura que ya no pudo aplicar la Asamblea Nacional porque ya el exmandatario dejó el cargo.

“La responsabilidades son penales cuando alguien es autor o cómplice de un delito de peculado. Como lo he dicho, la Fiscalía ya está investigando lo que se denunció en su momento, y como su defensa puedo decir que no hay ninguna forma en la que se le pueda atribuir responsabilidad al expresidente”, subraya.

Muñoz reitera que la responsabilidad política va de la mano de la censura, que la hace efectiva. Y dice que la censura era el objetivo de los legisladores, pero que se dieron cuenta a tiempo de que iba a ser inconstitucional.

“Si no hay censura, no hay responsabilidad, y lo que aprobó la Asamblea es incalificable en derecho y quedará como un manifiesto y un pronunciamiento político”, apunta.

¿Qué dice la resolución aprobada en la Asamblea Nacional?

Artículo 1.- MANIFESTAR que el expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, es responsable político de la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y admitida de acuerdo con el dictamen 1-23-DJ/23 de la Corte Constitucional. En el presente juicio político, el expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros.

Artículo 2.- RECORDAR a la Función Judicial que la presente resolución es emanada desde el pleno de la Asamblea Nacional, máximo foro de deliberación pública que representa al pueblo ecuatoriano, razón por la cual se rechaza toda resolución que pretenda interferir con las decisiones democráticas de la Función Legislativa.

Artículo 3.- RECHAZAR las actuaciones del expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, de utilizar la figura de la muerte cruzada durante el proceso de juicio político para eludir su responsabilidad política y posible censura y destitución, lo cual constituye un precedente nefasto contra la democracia.

Artículo 4.- NOTIFICAR de manera inmediata al expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, con la presente resolución.

Artículo 5.- NOTIFICAR el contenido de esta resolución y la integridad del expediente del proceso de juicio político generado en la Asamblea Nacional y sus órganos a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, para que en el marco de sus competencias inicien los respectivos procesos de investigación y control, toda vez que los hechos materia de esta acusación política hacen presumir la comisión de una infracción penal por parte del expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza.

Artículo 6.- REMITIR copia auténtica de la presente resolución al Registro Oficial a fin de que sea publicada. Dada en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. (I)