Desde la mañana de este miércoles, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presenta ante el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) las 17 pruebas documentales que mantiene para acusar por el delito de peculado, en el caso denominado Caminito, al exlíder de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) Pablo Romero y a cuatro exfuncionarios de esa institución.

El recuento y el análisis respectivo lo hace Toainga en el segundo día de audiencia de juzgamiento ante los jueces nacionales Marco Rodríguez (ponente), Julio Arrieta y Javier Cordero. En la primera jornada se escucharon los alegatos de apertura de las partes procesales, es decir, lo que los acusadores y acusados intentaron probar en audiencia de juicio y la Fiscalía inició la presentación de su prueba testimonial y pericial.

Pablo Romero, exlíder de la Senain, enfrenta en la Corte Nacional una audiencia de juzgamiento por el delito de peculado

En octubre del 2019 por peculado no solo se llamó a juicio a Romero, sino también a Cecilia Santillán, Fernando Garzón, Walter Olalla y Juan de Dios Lozano. El conjuez de la CNJ que emitió el auto de llamamiento a juicio en su resolución que resolvía de esa forma debido a que los actos ejecutados por los cinco entonces funcionarios de la Senain “permiten establecer indicios de responsabilidad penal que derivan de la inobservancia de los procedimientos establecidos en la Ley”.

En la primera jornada, el fiscal general subrogante para afianzar su teoría del caso presentó ocho testigos, entre exfuncionarios de la Contraloría General del Estado (CGE) y de la Senain, así como funcionarios de la Corte Nacional de Justicia. También testificaron un perito documentólogo y una perita contable, quien realizó una pericia que determinó que hubo un perjuicio económico al Estado, ya que no se justificó dicho gasto y se realizó un análisis de memorandos e informes que no tenían firmas de responsabilidad.

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Un informe con indicios de responsabilidad penal, de septiembre del 2014, emitido por la CGE dio origen a la investigación en la Fiscalía. El examen especial fue realizado al uso de fondos públicos de gastos permanentes de la Senain, en el período del 1 de junio al 31 de agosto de 2013, fecha en la que se dio la operación denominada Caminito.

En esta operación las autoridades establecieron la inexistencia de documentos de soporte de la operación y la inconsistencia de tales documentos que han sido suministrados para el examen especial.

Las operaciones realizadas por la Senain en el periodo examinado sumaron $ 13,3 millones, de los cuales se destinaron a la operación Caminito $ 110.984. En el análisis se estableció la existencia de pagos por montos de $ 10.000 hasta $ 63.621 para cancelar al informante con el alias ‘el Ruso’, ciudadano español llamado Edward Soler.

“Previo al pago y con el fin supuesto de cumplir con el procedimiento se hizo la solicitud de fondos pertinentes por el monto de $ 63.621 sin que conste un soporte de la supuesta operación itinerario, que no corresponde a la que generó el gasto. Se determinó que el solicitante y beneficiario de ese valor fue Pablo Romero”, señala la resolución de llamado a juicio.

Pablo Romero, exfuncionario de Senain, es llamado a juicio por el delito de peculado

Romero, Santillán, Garzón y Lozano recibieron llamamiento a juicio en calidad de autores, mientras que Olalla es visto como cómplice.

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, aseguró que en la audiencia demostrará que hubo utilización de recursos públicos y que existió una presunta operación de contrainteligencia en que se involucró a altos funcionarios del Gobierno. La Fiscalía afirma que en calidad de funcionarios públicos los cinco procesados dispusieron de forma arbitraria de recursos del Estado ecuatoriano.

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Según la Fiscalía, los datos personales del informante con el alias ‘el Ruso’ no son reales, pues los archivos del consulado de España demostrarían que los datos del informante son Edward Soler. Además se señaló que no hay evidencia de los gastos de viaje u otros servicios y productos para la operación Caminito, la cual habría significado una pérdida para el Estado, apuntó Toainga, de $ 162.546.

Por solicitud de las defensas, la Fiscalía presenta una por una las pruebas documentales y se está dando paso a la contradicción de las defensas de los procesados tras la presentación de cada prueba.

Poco después de las 13:00 de este miércoles, la diligencia se suspendió y se convocó su reinstalación a las 14:30.

Una vez que termine la Fiscalía con la evacuación de sus pruebas, el turno para intervenir en la audiencia será de los abogados de la acusación particular y de los cinco acusados. Ellos presentarán la prueba que poseen para sustentar su teoría del caso. Luego de ello vendrán los alegatos de cierre y el Tribunal ingresará en fase de deliberación antes de emitir una resolución. (I)