De entre una lista de 75 precandidatos, hay al menos nueve rostros conocidos por los cargos que han ocupado en el ámbito público o por su libre ejercicio del derecho y que competirán para presidir la Fiscalía General del Estado para un periodo de seis años.
Esto, dentro de un concurso público que organiza una comisión ciudadana que arranca la fase de admisibilidad, también con dos nuevas caras.
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene a su cargo supervisar el proceso de selección, que hará esta comisión ciudadana y que tendrá un “periodo fijo” de cuatro meses, con la posibilidad de dos meses de gracia para presentar su informe final con el nombre del nuevo Fiscal de la Nación que reemplazará a Diana Salazar, cuyo periodo acabó en abril de 2025.
Según los tiempos estimados, podría conocerse a la autoridad entre julio o agosto, aunque se desconoce desde cuándo se cuentan los cuatro meses: si desde la posesión de los comisionados (22 de enero de 2026) o si desde la convocatoria a inscribirse en el concurso (18 de febrero de 2026).
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Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, aseguró que “no van a desesperarse por una o dos semanas”, pero es importante que los comisionados cumplan a rajatabla el reglamento y sus términos.
“Con este reglamento, los comisionados no pueden demorar; deben finalizar dentro de cuatro meses y dos meses de prórroga, de lo contrario, serían cesados”, advirtió Fantoni.
El martes a la medianoche cerró el periodo para inscribirse y hubo un total de 75 abogados que pugnarán por liderar un órgano de la justicia, encargado de investigar delitos y de acusar a los posibles delincuentes.
Entre los perfiles que la comisión ciudadana calificará están el de la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, quien fue parte del Tribunal penal que sentenció en el llamado caso Sobornos, en el que estuvo vinculado el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, su exvicepresidente, Jorge Glas y otros exfuncionarios de su Gobierno.
La abogada fue conjueza de la CNJ en el 2016, exjueza de lo contencioso administrativo, exagente fiscal; y desde 2018, es jueza nacional.
Se inscribió el exministro de Gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, José de la Gasca López, que lo acompañó en esa función en el último trimestre de 2025 y fue condecorado por su participación en el gabinete.
El reglamento de selección de esta autoridad da 0,50 puntos/50 por cada reconocimiento; adicionalmente, representó al gobierno de Noboa como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según el reglamento, se da un punto por cada representación internacional o nacional.
En el 2020, en el régimen de Lenín Moreno, De la Gasca se desempeñó como secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República; y antes (2018-2019) participó en el concurso público que organizó el CPCCS de transición de selección del Fiscal, en el que, de catorce candidatos que llegaron al final del proceso, ocupó el décimo tercer puesto.
Este martes, oficializó su participación el actual fiscal encargado —que subrogó a Wilson Toainga, quien a su vez subrogó a Diana Salazar— Leonardo Alarcón.
Llegó a esta función por una resolución tomada por el Consejo de la Judicatura (CJ), en la administración de Mario Godoy, censurado y destituido en un juicio político que le siguió la Asamblea Nacional.
Leonardo Alarcón, abogado por la Universidad de Cuenca, se vinculó a la Fiscalía en el 2014, como secretario de fiscales y, desde el 2015, como agente fiscal de las áreas de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional y de la Unidad Especializada de Delitos contra la Administración Pública, de Fuerza de Tarea, y de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Encabezó la investigación en el denominado caso Triple A, en el que está vinculado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvares.
Walter Macías, otro precandidato, fue exjuez del tribunal de Garantías Penales de Manabí entre el 2016 y 2019 y en el 2021, pasó a ser juez de la Corte Nacional de Justicia hasta enero del 2024 en el que salió del cargo.
Exjuez de la Sala Penal, fue mencionado en el caso Metástasis, que investigó la Fiscalía General en el 2023.
Otra participante es Inés Romero, jueza de la Corte Provincial de Pichincha, excandidata en el concurso público para designar al titular de la Defensoría Pública.
Fue testigo protegido en caso Vocales, en el que se investigó a los exconsejeros de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo por el delito de tráfico de influencias.
Hay otros abogados como Gladys Terán, que fue jueza de la Sala Penal de la Corte, exfiscal de Pichincha y de Santo Domingo de los Tsáchilas; exfiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, de Pornografía infantil, de Trata de Personas, y Explotación sexual.
En esta competencia hay fiscales, abogados en el libre ejercicio, como Washington Andrade y Edgar Argüello, entre otros, que deberán cumplir con tres principales requisitos: ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos; tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa; y haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años.
Diez días término para conocer a los precandidatos admitidos
Al concluir con la postulación, el proceso para elegir a un nuevo fiscal de Ecuador pasa a una segunda fase: la admisibilidad.
El reglamento que rige este concurso público señala que al cerrar el plazo para postular, la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana remitirá a la secretaría de la comisión ciudadana, en el término de un día, los expedientes de los inscritos.
Con ello, entre este jueves o viernes, los diez comisionados tendrán un término de diez días para revisar las carpetas de 75 personas y determinar si cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y la entrega de otros 22 documentos que acreditan que no están incursos en prohibiciones o inhabilidades.
Después de los diez días, los comisionados tienen otros tres días para elaborar el informe de admisibilidad en el que constarán los nombres de aquellos que entregaron todos los documentos.
Los que se sientan afectados y sean inadmitidos tendrán un término de tres días para pedir una reconsideración.
Correrán dos días para que la comisión responda a los aspirantes y otros dos días para enviarlo al CPCCS para conocimiento de sus siete consejeros.
(I)