Concurso para elegir al fiscal general contará con $ 13.000 para pagar las dietas de los miembros de la comisión ciudadana y a los notarios

Alrededor de $ 13.000 es el presupuesto que se destinaría para este 2026 para gestionar los pagos de las dietas de los miembros de la comisión ciudadana de selección que realiza el concurso público para la elección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado . Un mes de actividades completó la comisión ciudadana que tiene por encargo desarrollar las cinco etapas del concurso público para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General, que comprenden: la convocatoria y postulación; admisibilidad y reconsideración; calificación de méritos y recalificación; impugnación ciudadana; y oposición y reconsideración. El 22 de enero pasado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) posesionó a los diez integrantes de la comisión que en los últimos 30 días han mantenido ocho sesiones y dos reuniones de trabajo.A diferencia de procesos de elección de autoridades anteriores, el plan operativo anual (POA) del CPCCS de este 2026 no contempla un valor estimado para cumplir con estas cinco fases. Aunque sí incluye una partida para el pago de dietas por $ 10.594 y otra por $ 2.604 para financiar costas judiciales y trámites notariales. Este último recurso se lo usa para, de ser el caso, pagar a los notarios, que son convocados para dar fe de los actos públicos que requieren estos concursos, como el sorteo de los docentes universitarios que elaborarán el banco de preguntas para el examen escrito y los casos prácticos para los aspirantes al cargo.En cuanto a espacios físicos, está previsto que las comisiones ciudadanas desarrollen sus plenos y reuniones de trabajo en el antiguo edificio del Consejo, ubicado en el sector de Santa Prisca, ya que la sede institucional está operando en un edificio en la avenida Amazonas, en el norte de Quito. El presupuesto del organismo asciende a $ 7′451.263 de los que $ 6′509.594 se destinarán para gasto corriente, como sueldos y demás pagos relacionados con la labor. En medio de esas limitaciones, la comisión pide que se le asigne un espacio físico adecuado, con seguridad y servicios básicos; además, seguridad privada y de la Policía Nacional. También, computadoras para cada uno de los comisionados, impresora, conexiones de internet; muebles, suministros de oficina y demás aspectos logísticos. La Ley del Consejo de Participación Ciudadana establece que los comisionados, mientras estén en funciones, percibirán dietas diarias equivalentes al 3,3 % de la remuneración mensual unificada que perciba un consejero.Es decir, alrededor de $ 141, considerando que un consejero percibe $ 4.283 de remuneración mensual.No obstante, solo los cinco comisionados que fueron electos en representación de la “ciudadanía” perciben dietas por cada sesión o reunión de trabajo, pues los comisionados que son delegados de las funciones del Estado, Ejecutiva, Judicial, Electoral, Legislativa y de Transparencia, ganan el salario de la función que desempeña en cada institución gubernamental. Para regular el pago de estos valores, el reglamento que rige a estos cuerpos colegiados establece que los comisionados presenten informes individuales por sesión o reunión de trabajo. Por convocatorias a sesiones o reuniones de trabajo. También deben entregar las actas por cada sesión o reunión de trabajo, el registro original de asistencia por cada sesión o reunión de trabajo. Adicionalmente, deben registrar su asistencia de forma manual; y, en el caso de las sesiones o reuniones de trabajo telemáticas deberán tener el registro de asistencia y desarrollo de los puntos tratados, como evidencia la grabación de la sesión. En ese contexto, en estas semanas han sesionado ocho veces y han tenido dos reuniones de trabajo. Por tres sábados sesionaron para aprobar actas y elegir al secretario de la comisión, David Soria. El 21 de febrero último se reunieron para aprobar actas y conocer un documento remitido por el comisionado Wellington Andachi , en el que informa que se encuentra en reposo médico debido a que sufrió un derrame cerebral que le ha impedido asistir a las plenarias. Es más, en dos ocasiones se presentó a las sesiones de forma virtual y desde la cama de un hospital, por lo que varios de sus compañeros comisionados empezaron a presionarlo para que se aparte de la comisión. Finalmente, el viernes pasado, Andachi envió un escrito en el que pide a los consejeros que se principalice a su suplente: Ericka Aguaguiña Moposita por un tiempo de 60 días, en tanto él se recupera para integrarse a sus funciones.Erika Aguaguiña es abogada de la Universidad Autónoma de los Andes, cuyo título se registró en el 2021. En lo profesional, se ha desempeñado como asistente legal de estudios jurídicos. El pedido de Andachi deberá conocer el pleno del Consejo de Participación y resolver la principalización de Aguaguiña. Esto ocurrirá en la víspera de que se cierre el plazo para recibir las inscripciones de los postulantes a ser fiscal.A lo largo de esta semana y, hasta el 3 de marzo, los abogados —sobre todo los especializados en derecho penal— podrán inscribirse para participar en el concurso que, de cumplir sus términos y plazos, acabaría entre agosto o septiembre del año en curso. (I)

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