Consejo de Participación Ciudadana concluye que la renuncia de Diana Salazar fue una ‘situación no prevista’ en las normas para agilizar la elección de su reemplazo

Aunque el periodo de funciones de Diana Salazar Méndez, como titular de la Fiscalía General del Estado, se acabó el 8 de abril de 2025, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) declaró el hecho como una situación no prevista en el reglamento de selección de esta autoridad para así ‘agilizar’ la elección de su reemplazo.

En el 2019, el extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición eligió a Diana Salazar para un periodo de seis años que se acabó hace dos meses.

Pero debido a que el actual pleno del Consejo, bajo la presidencia de Andrés Fantoni, no ha hecho el concurso público para seleccionar a su sucesor, Salazar y el fiscal subrogante, Wilson Toainga, se acogieron a la figura de la prórroga en funciones para no dejar en acefalía la institución.

Sin embargo, el 20 de mayo pasado, Salazar renunció y la sucedió Toainga, ahora fiscal encargado.

En una sesión extraordinaria de este 27 de junio, el pleno conoció un informe jurídico que recomendó disponer el inicio del procedimiento para conformar la comisión ciudadana que tendrá a su cargo hacer el concurso público de selección de un fiscal general.

Con ello, un equipo técnico (que lo integran asesores de los siete consejeros) elaborará un cronograma y un modelo de convocatoria para que la ciudadanía se inscriba como candidato a ser comisionado ciudadano.

Por unanimidad se acogió el informe y se decretó como “situación no prevista en los reglamentos de comisiones ciudadanas y del titular de la Fiscalía General a la renuncia de un titular en funciones prorrogadas por cumplimiento de periodo” y, sobre ese argumento, se emitió la disposición de agilizar los procedimientos administrativos.

Dicho informe jurídico debía conocerse el mes pasado, ya que por iniciativa de Fantoni se pidió al área pertinente que elabore una alternativa que permita conformar la comisión ciudadana en 30 días, pese a que el reglamento emitido a mediados de mayo de este año contempla unos cuatro a seis meses.

En el documento conocido en la sesión no se detalló una propuesta para acortar los plazos.

La comisión ciudadana, compuesta por diez personas, será la que lleve adelante el concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir al próximo fiscal para un periodo de seis años.

Este cuerpo colegiado lo integran cinco personas, también electas por concurso de méritos e impugnación, en representación de la ciudadanía.

Las otras cinco son delegados propuestos por las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, a quienes se les revisa el cumplimiento de requisitos y no estar incursos en inhabilidades constitucionales y legales, y podrán ser impugnados por falta de probidad.

El procedimiento de selección lo hace el pleno del CPCCS con ayuda de este equipo asesor, que se encargará de revisar que los comisionados cumplan con los requisitos legales. (I)