Figuras procedentes de la academia son las que estarían buscando las autoridades gubernamentales para que participen en el concurso público para seleccionar al titular de la Fiscalía General del Estado.
Entre académicos, abogados en el libre ejercicio y funcionarios estatales se abrió una discusión del perfil que debería acreditar aquella persona que aspire a ocupar la Fiscalía General, aunque el concurso público que debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no tiene fecha de inicio.
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En la Universidad Andina, en Quito, se realizó este lunes, 23 de junio, un foro promovido por el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Participación Ciudadana en el que intervinieron tres abogados en el libre ejercicio, quienes señalaron las cualidades éticas, de transparencia y honestidad como las principales que debería tener un fiscal general y, esencialmente, los miembros de la comisión ciudadana.
El objetivo fue alentar a que la comunidad docente se anime a participar en el concurso.
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El presidente del CES, Pablo Beltrán, detalló que el objetivo es que participen como candidatos, tanto para formar la comisión como para ser fiscal.
“Regulamos, como CES, el sistema de educación superior y traemos a los docentes para que aquellos que se interesen por la sociedad puedan participar y se elija, entre los mejores, al mejor cuadro para fiscal”, afirmó Beltrán.
Este viernes, 20 de junio, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó —con cinco votos a favor y dos abstenciones— el reglamento que será la base del concurso de méritos, oposición e impugnación, que lo hará una comisión ciudadana integrada por diez personas, quienes también serán seleccionadas por méritos e impugnación.
Esta instancia desarrollará las fases de admisibilidad, calificación de méritos, examen escrito y oral y la impugnación a la probidad y ética de los concursantes.
El informe final con las calificaciones de cada participante se enviará al pleno del Consejo para que por votos de mayoría o unanimidad se designe a aquel que alcance el más alto puntaje.
En tanto, a los comisionados ciudadanos los eligen los siete vocales del Consejo con el apoyo de sus asesores.
La constitucionalista Pamela Aguirre Castro hizo un llamado al organismo para que estas diez personas estén preparadas y capacitadas para elegir al próximo fiscal de la nación.
“No se puede permitir que personas neófitas (sin conocimientos o experiencia) estén eligiendo al fiscal. Sería como ciegos guiando a tuertos”, comentó Aguirre durante este foro.
Asistió también la penalista María del Mar Gallegos, cuyo criterio fue que se elija a un abogado penalista especializado en derecho procesal, internacional, política criminal y demás. “No personas improvisadas”, enfatizó.
El presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, destacó que se hayan acogido las propuestas del gremio en la reforma reglamentaria aprobada por la mayoría de los consejeros.
Como, por ejemplo, la de eliminar la prohibición para que postulen los juristas que hayan patrocinado causas relacionadas con narcotráfico, asesinatos, delincuencia organizada y delitos conexos.
Eso “abriría la puerta” a que los abogados puedan postular, pero el Consejo tendría que revisar meticulosamente los ingresos de los candidatos y que estos puedan ser impugnados de detectarse ante una probable irregularidad, lo que ayudaría a depurar a los malos elementos.
Estos procedimientos estarán a cargo de los comisionados ciudadanos: cinco de ellos son electos por mérito y los restantes vienen de ternas enviadas por las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y de Transparencia y Control.
A estos últimos les revisan sus requisitos y que no estén incursos en prohibiciones legales y constitucionales.
Adicionalmente, se requiere que cumplan con los mismos requisitos establecidos para los vocales del CPCCS, es decir, tener título de tercer nivel y las certificaciones pertinentes.
Desde el 20 de mayo pasado, la Fiscalía la preside el fiscal encargado Wilson Toainga, luego que Diana Salazar decidiera terminar su periodo de seis años en el cargo, desde el 9 de abril anterior se encontraba en funciones prorrogadas, ya que su periodo terminó el 8 de abril. (I)