Antes de que se activen los procedimientos administrativos para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, surgen los primeros pedidos para reformar el reglamento que será la base del concurso público de méritos, oposición e impugnación.
El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Gonzalo Albán propone a sus colegas discutir cambios en la calificación de méritos y endurecer las prohibiciones en el reglamento para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General.
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La Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) establecen como requisitos para postular a este cargo ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participación política; tener título de abogado legalmente reconocido en el país, y conocimientos en gestión administrativa.
Además, haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años.
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El planteamiento de Albán se enfoca en los artículos relacionados con la calificación de méritos y las prohibiciones para concursar.
A su criterio, en el artículo 37 se califica con 18 puntos a un doctorado en Derecho; 16 y 17 puntos a una maestría y 14 puntos a una especialización.
“Esta diferencia mínima (de apenas dos a cuatro puntos) no refleja de manera adecuada el nivel de formación y especialización que debe exigirse a quien aspira a liderar la Fiscalía”, detalló Albán en un oficio dirigido a sus colegas este 2 de junio de 2025.
También, sobre la acción afirmativa, el artículo 38 concede un punto adicional a las personas menores de 30 años, pero la carta política y el Código Orgánico de la Función Judicial exige como requisito que acredite tener diez años de ejercicio profesional.
Eso implicaría que una persona de 18 o 19 años haya concluido la universidad a esa edad y haya litigado en los últimos diez años.
“Es jurídicamente inviable que alguien menor de 30 años cumpla este requisito, por lo que esta acción afirmativa es inaplicable y debe ser retirada”, manifestó el consejero.
Detalla que se subvalora la docencia de posgrado, en cuyo caso, la normativa asigna 0,5 puntos por año a la docencia en programas de posgrado en derecho penal y dos puntos por año a la experiencia como servidor judicial, fiscal, defensor público o de la Procuraduría General.
“Resulta ilógico que un profesor de posgrado reciba una valoración cuatro veces menor que la experiencia por haber ocupado un cargo público. Esto desincentiva perfiles con alta calidad académica, que deberían ser justamente promovidos para fortalecer la Fiscalía”.
Respecto de ampliar las restricciones, Albán sugiere restricciones para aquellos que estén vinculados en procesos por graves delitos. Es decir, impedir que participen personas que se encuentran vinculadas o investigadas por delitos graves, lo que permitirá evitar que “estructuras criminales puedan intentar capturar la Fiscalía General”.
Actualmente, el artículo 22 prohíbe participar a abogados que, en los últimos diez años, hayan patrocinado procesados involucrados en casi 40 delitos penales, como narcotráfico, crimen organizado, delitos sexuales, minería ilegal, terrorismo...
Sobre este último punto, la consejera Jazmín Enríquez comentó, en una entrevista con radio Quito, que podrían discutirse cambios en este artículo porque podrían afectarse derechos de participación, como lo han expuesto sectores gremiales y de la sociedad civil.
Albán precisó a Andrés Fantoni, presidente del Consejo, que estas observaciones “no buscan deslegitimar el proceso, ni retrasarlo, sino fortalecerlo”, por lo que cree que están a tiempo de corregir estos temas y podría tomar menos de quince días".
Su aclaración se produjo en un momento en el que Fantoni ofreció conformar una comisión ciudadana —que será la encargada de hacer el concurso público para elegir fiscal— en 30 días de “forma expedita” y, de esa forma, convocar a la ciudadanía a postularse al cargo de fiscal.
El CPCCS busca cómo apresurar la designación, luego de la renuncia a su cargo de Diana Salazar Méndez, el 20 de mayo pasado.
Uno de los mecanismos analizados fue que el área de coordinación jurídica elabore un informe que contenga propuestas de cómo reducir plazos para integrar la comisión ciudadana.
El pleno, el 23 de mayo pasado, dio dos días de plazo para que se entregue este informe, pero nueve días después se desconoce cómo se avanzará en este propósito. (I)