Al mediodía de este martes, 28 de abril, la comisión ciudadana concluyó con la calificación de los méritos de las 28 personas que compiten en el concurso público de selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Desde el pasado 21 de abril y por los últimos siete días, los nueve integrantes de esta comisión se instalaron en una reunión de trabajo permanente en una oficina del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Quito para puntuar los títulos universitarios y la trayectoria laboral de los 28 aspirantes a ocupar este cargo, que está vacante desde mayo de 2025.
La comisionada que preside este cuerpo colegiado, Cynthia Jacho, suspendió pasadas las 12:20 de este martes la reunión de trabajo hasta una nueva convocatoria, una vez que cada comisionado terminó de calificar las carpetas.
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En los siguientes días se convocará a una nueva reunión para hacer “una doble verificación” grupal; es decir, los nueve comisionados volverán a revisar las 28 carpetas.
Esta actividad concluyó antes del feriado extendido por el Día Internacional del Trabajo, que se conmemora este viernes, 1 de mayo.
Oficialmente, el plazo de diez días hábiles para que la comisión presente el informe final de méritos concluye el próximo 6 de mayo y se conocerá cuántos de los competidores suman los 50/100 puntos o menos.
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Para la calificación se dividieron los 28 expedientes: tres carpetas para cada uno de los comisionados, excepto para el delegado del Gobierno nacional, David Flores Brandt —funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano—, que se ofreció a calificar cuatro hojas de vida, entre ellas las de José de la Gasca, exministro del Gobierno de Daniel Noboa y delegado en un organismo internacional; y de Leonardo Alarcón, actual fiscal subrogante.
Una vez que presenten el informe final con el total de los puntajes, se abrirá un periodo de tres días hábiles para que los concursantes puedan solicitar la recalificación si se sienten afectados y la comisión tendrá cinco días para responder.
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Luego de eso se elaborará otro informe que se remitirá para conocimiento del pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que servirá para cerrar esta fase y certificar el pago de las dietas de los comisionados de la ciudadanía.
Con ello, se pasará a la impugnación ciudadana, en la que la sociedad civil puede objetar a los postulantes si considera que no cuentan con probidad o incurren en inhabilidades o prohibiciones para ocupar un cargo público.
Los que superen esta etapa seguirán a la oposición, en la que se tomará el examen escrito y práctico valorado sobre otros 50 puntos, que se sumarán a los méritos (sobre un total de 100), y quien alcance la más alta calificación será designado como fiscal general.
Esta competencia tiene un primer escollo. Para el próximo 8 de mayo a las 15:00 está prevista la instalación de una audiencia de acción de protección planteada por un abogado que fue inadmitido a continuar en el concurso.
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Se trata de David Fiallo Bermúdez, quien alega la afectación a sus derechos de participación debido a que el comisionado Christian Arpi invalidó varios de sus certificados y su experiencia en el libre ejercicio (diez años en la judicatura), por lo que determinó que no cumplía con los requisitos de admisibilidad.
La causa recayó en el despacho de la jueza Carmen Romero Ramírez, quien convocó a las partes procesales —miembros de la comisión ciudadana y vocales del CPCCS— a la diligencia que se hará en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Consejo de Participación resolverá admisión de dos nuevos comisionados
De forma paralela, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana sesionaría este miércoles, 29 de agosto, y como parte de los puntos por tratar está resolver sobre el informe de admisibilidad de los dos delegados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para ser parte de la comisión ciudadana (principal y suplente) y del representante suplente en delegación de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, nominó a los funcionarios judiciales Eliana Jaramillo Loayza y Luis Flores García para sumarse a la comisión tras la renuncia de Natalia Granizo y Santiago Ribadeneira.
En el caso de que sean admitidos, el CPCCS tendrá que convocar al escrutinio público para que sean objetados por falta de probidad o idoneidad.
Este concurso continúa, en tanto la Fiscalía abrió una investigación previa a la comisionada y presidenta de la comisión, Cynthia Jacho, tras una denuncia por la sospecha de falsificación y uso de documento falso que interpuso el legislador del movimiento Revolución Ciudadana (RC) Luis Fernando Molina con el apoyo de sus coidearios.
El asambleísta sospecha de la validez de los certificados de unos cursos virtuales de 120 horas otorgados por el portal de internet AinaGroup que presentó Jacho para obtener puntos y ser parte de la comisión.
En las últimas horas, Molina informó que Álex Naranjo Aguilar, posible creador de este servicio, le aclaró a Cynthia Jacho que estos cursos son “procesos de capacitación no formales” y para dictarlos obtuvo una certificación laboral del Ministerio del Trabajo en reconocimiento a sus competencias y destrezas. (I)
