La falta de prueba e incumplimiento de la cadena de custodia fueron los elementos principales que expusieron las defensas técnicas de cinco procesados vinculados en el crimen del político ecuatoriano Fernando Villavicencio Valencia.

Este 25 de junio de 2024, un tribunal integrado por los jueces de Garantías Penales de Pichincha Milton Maroto (ponente), Galo Rumiguano y Pablo Coello instaló la audiencia de juzgamiento en contra de cinco personas sospechosas de haber intervenido en el crimen de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

Villavicencio salía de un acto proselitista que se hacía en un coliseo en el norte de Quito, a propósito de su candidatura presidencial para los comicios generales anticipados, cuando fue asesinado a tiros al estilo sicariato.

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La audiencia de juzgamiento se instala a dos meses de que se cumpla un año de este acontecimiento, en el que están procesados Carlos A. L., alias Invisible, y Erick R. P., como autores mediatos; Laura C. V., alias la Flaca, como coautora, además de Víctor F. y Alexandra Ch. F., como cómplices.

Como parte de los alegatos de inicio de la diligencia, Luis Romero, abogado defensor de Carlos A., Erick R., Víctor F., dijo que no existe grado de participación y que la Fiscalía carece de pruebas que confirmen los eventos ocurridos ese 9 de agosto.

Aseguró que ellos fueron vinculados a un delito ajeno al de asesinato y que se probará su inocencia a lo largo de este proceso.

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En el caso de Carlos A., el abogado mencionó que probará que la Fiscalía procedió a vincularlo a través de un “árbol envenenado”.

A su criterio, no se cumplió con el principio de cadena de custodia, aunque no precisó de qué elementos que serían parte del expediente judicial.

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”Carlos A. no tiene participación en el asesinato porque no existe prueba. La Fiscalía posee prueba ilegal”, mencionó Romero.

El abogado Julio César Llanganate, defensa de Laura C., indicó que la teoría de Fiscalía es ambigua y la adecuación de los elementos es insuficiente e inadecuada.

En el caso de Alexandra Ch., su defensor público, Milton Timizaray, ofreció probar inconsistencias obtenidas por la Fiscalía en la prueba testimonial y pericial.

La Fiscalía, representada por la agente del caso, Ana Hidalgo, hizo un relato de los hechos ocurridos ese 9 de agosto y ofreció probar que los cinco sospechosos participaron en el asesinato, incluso con la dotación de dinero, armas y vehículos.

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Bajo un estricto operativo de seguridad, con la presencia de escuadrones de la Policía Nacional, dentro y fuera del Complejo Judicial Norte de Quito, el tribunal instaló la audiencia y convocó a los primeros testigos, que son oficiales de la Policía Nacional que asistieron y presenciaron el hecho.

Están convocados alrededor de 220 testigos y peritos; en tanto que los procesados participan de manera virtual desde los centros de privación de libertad. (I)