Expresidente Lenín Moreno: Nosotros suponíamos que era la Asamblea la que había hecho los estudios económicos

El expresidente de la República Lenín Moreno y exasambleístas defienden su accionar en el trámite de la aprobación a las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que en dos aspectos se encuentran suspendidas en su aplicación por contener vicios de inconstitucionalidad por la forma.

Si bien la Corte Constitucional (CC) ratificó la constitucionalidad del texto (aprobado en marzo del 2021 por el anterior periodo del Legislativo; el exmandatario dispuso el ejecútese sin objetarla), la puso en vigencia con excepción de la implementación de un sistema de una jubilación especial para los docentes y el incremento de las remuneraciones, que no entrarán en vigor hasta resolver la inconstitucionalidad.

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Ello, hasta que la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República vuelvan a tramitarlas en un lapso de siete meses, pues se aprobaron sin estudios actuariales actualizados y la factibilidad financiera.

Los jueces, en la sentencia aprobada el 11 de agosto último, reprobaron la actuación de la Asamblea y del expresidente, porque dichos procedimientos “aumentan el gasto público” y “no se puede perder de vista al principio de sostenibilidad fiscal. (…) Actuar en sentido distinto, como se ha hecho en este caso, muestra una falta de seriedad institucional”.

Se agregó que este “tipo de práctica política carece de seriedad, ya que promueve el desarrollo de los derechos sociales de la población de manera ilusoria”.

El expresidente Lenín Moreno, en un breve diálogo con este Diario, defendió el haber dado el ejecútese y dispuesto la publicación en el Registro Oficial, porque pensó que los legisladores habían planificado la disponibilidad de los recursos.

“Yo en mi cuenta de Twitter expliqué que había recibido esa propuesta de la Asamblea y la había tramitado favorablemente, porque tenía entendido que la Asamblea había hecho los estudios económicos necesarios, porque la ley dice que la Asamblea tiene la obligación de generar los recursos para poder cumplir”, dijo.

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Se le consultó que, cuando se aprobó la norma, su exministro de Economía Mauricio Pozo advirtió que se necesitaban unos $ 3.000 millones para financiarla, monto que no había.

“Bueno, no había (en) ese momento, pero nosotros suponíamos que era la Asamblea quien había hecho los estudios necesarios económicos y estaba en capacidad de generarlos con las decisiones que iba tomar”, justificó Moreno.

El 10 de abril, Moreno escribió en un tuit que envió al Registro Oficial la ley, y que lo “celebro por los maestros que serán los mayores beneficiarios. Entiendo que las bancadas de los dos candidatos presupuestaron los recursos para implementarla como manda la Constitución”.

Quien sí alertó de esta situación fue el exministro de Educación Milton Luna, que en un documento enviado a la Comisión de Educación en abril del 2019 señaló el “impacto presupuestario de la reforma”, respecto a los salarios docentes.

“Las reformas legales no están programando el impacto presupuestario”, y llamó la atención a los exlegisladores de “que en cumplimiento de sus atribuciones puedan garantizar que los recursos estén financiados, o de otra manera se incurrirá en incumplimiento”.

En su defensa, el exlegislador y presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, Jimmy Candell, responsabilizó a las anteriores autoridades de la Función Ejecutiva y del Instituto de Seguridad Social (IESS) de las “omisiones”, porque no remitieron la información.

“La mesa legislativa que presidí cumplió con todas las disposiciones legales, por lo que la Corte declaró la constitucionalidad de la ley. Lo que ha quedado ‘para subsanar’ es la omisión del Ejecutivo y del IESS, en ese entonces, de no remitir la información que siempre solicitamos para analizar el tema salarial y jubilación”, aseveró.

Silvia Salgado, también exlegisladora e integrante de esa comisión, responsabilizó al Ejecutivo porque asumieron la viabilidad de estas disposiciones al no vetar la norma, y al contrario, dispuso su publicación.

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“Si no observó el presidente del IESS, el presidente de la República, el ministro de Finanzas, es asumir la viabilidad”, precisó.

A su criterio, hubo un mal cálculo, porque “como estaba de salida el Gobierno, o a lo mejor hizo un mal cálculo de que iba a ganar Andrés Arauz (excandidato presidencial). O que gane cualquiera, pero a él ya no le correspondía aplicar la ley. Esos son malos cálculos”, dijo.

Añadió que las autoridades de ese entonces sí participaron del desarrollo de la norma, pero “no presentaron” los informes respectivos para la viabilidad económica”, por lo que la aplicación de esas disposiciones requiere “voluntad política”.

En todo caso, con la vigencia de los plazos dispuestos por la CC, el Gobierno de Guillermo Lasso anunció en un comunicado que “retomará los procesos para viabilizar la correcta implementación de la ley” y convocará a mesas de diálogo a los gremios de docentes y otros actores de la comunidad educativa.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) presentará el próximo lunes una propuesta normativa para dar viabilidad a estos articulados. Para ello, convocaron a una movilización a las 10:00 que se concentrará en el parque El Arbolito. (I)