Sobre terrenos inestables y susceptibles a riesgos se construyeron varias Unidades Educativas Provisionales Tipo Milenio (UEPTM) que se impulsaron en el gobierno de Rafael Correa.

Estas conclusiones son parte de la auditoría que realizó la Contraloría General del Estado a la construcción de 200 escuelas tipo milenio ‘prefabricadas’ que estuvieron a cargo del Ministerio de Educación, que contrató a la empresa China Railway n.º 9 Engineering Group Co.

El periodo que se analizó fue entre el 1 de enero de 2015 y el 19 de octubre de 2018, cuya auditoría se aprobó el 16 de abril del 2019, y de la que se desprendieron responsabilidades civiles culposas por $ 24 millones en contra de la contratista por incumplimiento en las obligaciones contractuales y 387 días de retraso en la entrega de 57 unidades educativas.

El informe observó los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, liquidación y pago del contrato, que ascendía a $ 196′908.000 sin el IVA, pero hasta la fecha de la acción de control que fue en octubre del 2018 se cancelaron $ 29′536.200 por anticipo, que fue el valor que se analizó.

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El régimen de ese entonces consideró como fuentes de financiamiento un crédito por $ 187′622.291 del Bank of China y recursos fiscales por $ 22′514.674.

En agosto del 2015, quien era ministro de Educación (Augusto Espinosa, de acuerdo con los registros oficiales) había adjudicado el contrato a la empresa China Railway por $ 196′908.000 con un plazo de ejecución de 630 días.

Al concluir la acción de control, octubre del 2018, el equipo auditor señaló que estaban construidas 50 unidades, de las que 20 fueron recibidas con acta y estaban en uso; y de 30 construidas sin acta de recepción, 7 estaban en uso sin autorización de quien administraba el contrato.

Sobre 50 unidades educativas, el informe revela el incumplimiento de especificaciones técnicas y fallas constructivas.

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Los auditores habían recibido 58 actas de entrega de los terrenos en los que se edificaron estas escuelas, que mencionaban que 17 no tenían agua potable, 10 contaban con agua entubada, 30 no tenían alcantarillado, 6 no tenían energía eléctrica.

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A esto se sumó que en entrevistas con los rectores de los establecimientos que estaban funcionando se constató que dos de estos tenían inestabilidad de taludes; siete con riesgo de inundación por presencia de canales, esteros o ríos cercanos; una estaba expuesta al riesgo de afectación por accidentes al encontrarse sin protección a desnivel de la vía principal colindante. Y, en el caso de aquellas que no estaban ocupadas, dos tenían riesgo por inestabilidad de taludes y dos por inundación.

Así también, de información que entregaron diez gobiernos locales municipales y expedientes de las coordinaciones zonales 1, 4 y 5 se concluyó que de 28 UEPTM se concedieron permisos de construcción a 14, de las que 12 tienen certificado ambiental y ninguna contaba con informe de factibilidad del Cuerpo de Bomberos ni tenían equipos para control de incendios.

Respecto de la propiedad de los terrenos se había constatado que de 58 terrenos, tres no tenían regularizada su propiedad a nombre del Ministerio de Educación.

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Había 50 unidades construidas de las que 27 estaban utilizadas y dos no se encontraban a nombre del ministerio; nueve presentaban situaciones de riesgo por inestabilidad de taludes, inundaciones o afectación por accidentes; cinco no contaban con servicios de agua potable y quince sin alcantarillado.

El informe agrega que la construcción se hizo con deficiencias, porque no se exigieron las recomendaciones internacionales, cuyo efecto fue el que no se cuente con “un adecuado ensamblaje de los elementos”.

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Por ejemplo, que la “cimentación no esté confinada ni arriostrada, que en ciertos casos, la estructura del piso se deforme, las vigas presenten deflexiones y fallas, con aberturas entre los paneles verticales, la estructura de piso y de cubierta; que las vigas se instalen desalineadas, con aberturas entre la unión de las vigas principal y secundaria, generando esfuerzos de torsión en las conexiones que provocaron que se desprendan los tornillos; aspectos técnicos que no garantizan condiciones de seguridad para las personas que las ocupan y para el equipamiento institucional”, se recoge en la auditoría.

Es así que el contrato se adjudicó a la compañía China Railway, que no cumplía con el “requisito mínimo” de experiencia específica, pues presentó proyectos de obras civiles para ser contratada pese a que lo que se requería era experiencia en la provisión o instalación de bienes.

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Tampoco presentó 20 ítems en su oferta y 87 contenían variaciones en cantidad, dimensión y descripción. En esencia, se contrató a una “compañía que no cumplió con los requisitos”.

Además de determinar responsabilidades civiles culposas a la constructora china, el organismo de control analiza establecer responsabilidades en contra de tres exministros de Educación que actuaron en el periodo examinado, por un presunto incumplimiento de funciones en la ejecución del contrato. (I)