En un año de mandato, se redujeron 80 servidores de la Presidencia de la República

Con el ascenso al poder de Guillermo Lasso, la Presidencia de la República ha mantenido una nómina que no sobrepasa los 600 servidores, similar número que se registraba en el mandato de Lenín Moreno.

Los distributivos de personal publicados por la Presidencia de la República dan cuenta de que a abril del 2021, pocos días antes de que Lenín Moreno culminara su periodo de gestión, había 627.

En abril del 2022, con Guillermo Lasso como mandatario, ese número es de 547. Es decir, se han reducido 80 funcionarios.

El 1 de septiembre de 2021, Lasso, en una entrevista con la cadena Ecuavisa, detalló que al llegar al cargo había 890 empleados, de los que habían disminuido a 600 y que a diciembre esperaban cerrar en 400.

Indicó que esa reducción debía suceder en varias instituciones públicas porque había “trabajo que era inútil, innecesario, que no generaba valor” y que para ser eficientes debían producir más con menos recursos.

El informe de rendición de cuentas de Carondelet señala también que a diciembre del 2021 había 580 servidores, a diferencia de enero que eran 633.

La Presidencia tiene 606 personas en nómina y 103 vehículos operativos

La institución reportó que para su ejercicio fiscal 2021 contaba con un presupuesto de $ 29′237.568, y se obtuvieron asignaciones por $ 3′350.907, que en total sumaron los $ 32′588.475. De ellos, $ 31′500.103 se destinan para gasto permanente.

De este último, para gasto en egresos de personal se destinaron $ 13′117.431.

Como parte de su política de gobierno, el jefe de Estado creó varias consejerías bajo la figura de ad honorem y otras de asesoramiento, que suman nueve.

Entre las ad honorem están para la protección del sector bananero con Juan José Pons; para la inversión y alianzas público-privadas que designó a Roberto Salas, aunque luego la reformó y lo designó como secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas.

Carlos Cueva asumió como consejero ad honorem para las políticas públicas de vacunación contra el COVID-19, que luego extinguió al cumplirse el proyecto; así también, la consejería para el medio ambiente, para lo que se eligió al empresario Roque Sevilla.

Entre las consejerías presidenciales estuvieron Luis Verdesoto como consejero de Gobierno para la Gobernanza y Gestión Institucional; ahora, nombrado titular de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción.

También la consejería presidencial para la vocería que la asumió Carlos Jijón, quien renunció a su cargo y no se volvió a asignar esa función; y, una adicional, que es la consejería de asesoramiento político asignada al exasambleísta de CREO Diego Ordóñez.

Hasta el momento, el primer mandatario ha suscrito 425 decretos ejecutivos, en los que ha dispuesto modificaciones reglamentarias, cambios en el mando de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y entre otros, el nombramiento de ministros de Estado.

Desde su posesión el 24 de mayo de 2021, el gabinete está compuesto de 19 ministerios de Estado, en los que en siete ha realizado cambios de hasta tres ministros.

Así, en el Ministerio de Gobierno estuvieron César Monge (quien falleció al inicio del mandato) y lo remplazó Alexandra Vela. Ella renunció y se nominó al exasambleísta de CREO Francisco Jiménez.

Readecuación de Carondelet cuesta $ 800.000; el presidente Guillermo Lasso asumirá el gasto y vivirá ahí desde el 15 de agosto

Por el Ministerio de Agricultura han pasado Tanlly Vera, Pedro Álava y actualmente Bernardo Manzano. En el Ministerio de Defensa estuvieron Fernando Donoso, Luis Hernández y Luis Lara.

En la cartera de Inclusión Económica y Social estuvo Mae Montaño y la sucedió Esteban Bernal; en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo y Juan Carlos Holguín; y, en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos dejó su cargo Bernarda Ordóñez y en su lugar se posesionó a Paola Flores.

En abril pasado, Lasso dispuso la división del Ministerio de Gobierno creando el Ministerio del Interior.

En esa cartera se nombró a Patricio Carrillo para que asuma la coordinación de la política de seguridad ciudadana, frente al incremento de hechos delincuenciales y las matanzas registradas en las cárceles del país que se atribuyen a grupos narcodelictivos.

Finalmente, el Ejecutivo prevé para el 2022 un Plan Anual de Contratación por $ 3′610.957, en diferentes ítems como arreglos florales, servicios de comunicación y relaciones públicas para eventos presidenciales; adquisición de equipos de protección en salud. (I)