Autoridades del Consejo de la Judicatura y el Gobierno analizan medidas que se tomarán ante la inseguridad que ronda a servidores judiciales del país

Desde las 09:00 de este miércoles, y por más de dos horas de forma reservada, se reunieron el presidente temporal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo; el ministro del Interior, general (sp) Patricio Carrillo; el comandante de la Policía Nacional, general Fausto Salinas; y delegados de la Fiscalía General y otros miembros de la Judicatura para tratar temas relacionados con la situación de seguridad de los servidores judiciales del país.

La necesidad de la reunión nace de ataques de sicarios registrados en las ciudades de Guayaquil, en Guayas, y Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, contra elementos del sector justicia: un fiscal y un juez.

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En la mañana del lunes último, el fiscal de Personas y Garantías Édgar Escobar fue asesinado por sicarios al pie del edificio de las Fiscalía General en Guayaquil; mientras que en horas de la noche de ese mismo lunes fue atacado a tiros el vehículo en el que viajaba el juez multicompetente del cantón Shushufindi Víctor G. Él no resultó herido, pero sí recibieron impactos de bala dos personas que lo acompañaban.

En lo que va del año, tres fiscales y un juez han sido asesinados a nivel nacional. Los cuatro funcionarios estaban a cargo de procesos que involucran hechos relacionados con la delincuencia organizada.

Inmediatamente a la muerte del fiscal en Guayas, la fiscal general, Diana Salazar; la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y la Corte Nacional de Justicia exigieron a las autoridades con competencia en la materia de seguridad que adopten medidas urgentes para que se garantice que los funcionarios judiciales, sean cuales fueren, puedan realizar sus actividades profesionales sin riesgos.

La cita se da en la sede del Consejo de la Judicatura, en el norte de la ciudad. Se espera que al final de la reunión se den a conocer las medidas que se adoptarán a corto, mediano y largo plazo en relación con esta temática.

La cita concluyó pasadas las 11:30 y aunque no se conocen los temas específicos tratados o los acuerdos a los que se llegaron, trascendió que inicialmente se trabajará en una hoja de ruta, que incluirán mesas técnicas, para alcanzar medidas que permitan garantizar la seguridad de funcionarios judiciales a nivel país, principalmente de jueces y fiscales relacionados con el área penal, que son quienes están en mayor exposición y riesgos.

La prensa no tuvo acceso a la reunión y se indicó que se trabaja en un comunicado conjunto del CJ y el Ministerio del Interior en el que se darán a conocer los resuelto inicialmente en la cita. Lo que se habría propuesto, como medida inmediata, es que se intente mantener las audiencia vía telemática.

Al menos en Guayas, provincia en la que se registró el último asesinato a un fiscal, ya se habría adoptado la medida de que se mantenga la realización de audiencias telemáticas. La presidenta Gallardo definió a esta medidas como rápida, pues, dijo, se requiere de un plan de acción que se ejecute de manera inmediata. “Los funcionarios judiciales necesitamos que nuestros edificios, donde desempeñamos nuestras funciones, cuenten con seguridad, ya sea con seguridad a través de agentes policiales que se visibilice su presencia, así como también esperamos que en algún momento se contraten a compañías privadas para poder tener un guardia que revise a cada persona que ingresa a la institución pública. (I)