El titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio como presunto autor del delito de abuso sexual, por el que es investigado por la Fiscalía General.
La decisión se conoció la tarde de este 10 de agosto, después de la deliberación que realizó el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rojas, durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se realizó de manera reservada, debido a la naturaleza del delito.
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De esta forma, el magistrado acogió el pedido de la Fiscalía para que se llame a juicio a la autoridad, a quien además, se le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.
El pasado 26 de julio, en la audiencia preparatoria, la fiscal Diana Salazar, quien lleva la investigación, presentó 36 elementos de convicción para sustentar el dictamen acusatorio.
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Carrión se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito desde el 17 de mayo, investigado por supuesto abuso sexual, infracción en la que habría incurrido entre la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo pasado, durante una reunión que se desarrolló en la casa del exministro de Salud Mauro Falconí.
Ahí se habría registrado un suceso violento, del que se desprendió la denuncia de una mujer (pareja de Falconí) de un supuesto abuso sexual.
Al finalizar la diligencia, el abogado defensor de Carrión, Stalin Raza, expresó su rechazo a la decisión judicial porque se desconocieron “todos los argumentos que ha presentado la defensa, y al contrario se reconoce o da crédito a los argumentos de la Fiscalía”.
“Hay un desequilibrio y desigualdad entre la defensa de Carrión y Fiscalía. Teníamos la expectativa de que el juez iba a valorar objetivamente los elementos de cargo y descargo, pero al contrario, se valoró solo los argumentos de la Fiscalía y no a los argumentos presentados por la defensa”, insistió.
Explicó que pese a que Carrión continuará en prisión preventiva, seguirá siendo titular de la Defensoría del Pueblo, pues por el momento su “ausencia es temporal” (por lo menos) hasta octubre.
Según explicó, los primeros 30 días de ausencia de Carrión fue por vacaciones, por lo que no se debe contar ese lapso de tiempo (entre el 17 de mayo y 17 de junio) para que se configure una ausencia definitiva.
El artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo establece que “se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Luego de vencido el plazo de tres meses, la ausencia se considerará definitiva”, cita el artículo.
En todo caso, esperarán a que se conforme el Tribunal de juicio y que este decida “sobre las pruebas” si Carrión es culpable del delito que se lo acusa, comentó Raza.
Pero esta ausencia temporal de Carrión en la institución, ha generado una crisis en la Defensoría del Pueblo, por la que hay una disputa por quién lo subrogará en sus funciones.
Como defensora subrogante en funciones está Zaida Rovira, pero Tania Castillo, que se desempeñaba como delegada en el Carchi, reclama ser la defensora designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con una resolución aprobada el 23 de julio.
Aunque dicha resolución no nomina a Castillo como defensora subrogante, sí cuestiona a Rovira por no haber acatado una resolución emitida por Carrión el 17 de junio -desde la cárcel- en donde la cesó en funciones y nombró a Castillo para ese cargo.
Castillo ha intentado por tres ocasiones tomar posesión del cargo, pero no lo ha logrado. El 6 de agosto último lo intentó, pero se encontró con las puertas de la institución cerradas y resguardadas por miembros de la Policía Nacional. (I)