Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está paralizado, denunció su presidenta, Sofía Almeida, y responsabilizó a cuatro consejeros y “grupos de poder” de obstaculizar y entorpecer los procesos internos, así como la designación de autoridades.

La tarde de este 17 de enero, Almeida convocó a una rueda de prensa virtual, en la que denunció que el Consejo está “paralizado” debido a que, el viernes pasado, cuatro de los siete miembros no dieron paso a la aprobación del presupuesto para la ejecución del 2022, que asciende a los $ 7 millones, y el Plan Anual de Contrataciones (PAC), como parte de un “boicot”, por lo que no desestimó que, al haber una nueva mayoría, la remuevan de su dignidad como presidenta.

Sofía Almeida pierde el control de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y no pudo aprobar el presupuesto para el 2022

“El Consejo está paralizado, cuatro consejeros no aprobaron el presupuesto, lo que implica no pagar sueldos y realizar las contrataciones. (…) Esto impide que podamos cumplir con nuestras funciones, como la designación de autoridades, y perjudica a los funcionarios”, anotó Almeida, pues no se podrán pagar salarios o los valores correspondientes a la seguridad social.

Insistió en que existen presiones debido a las acciones que deben emprender, como la designación del nuevo titular de la Contraloría General del Estado, y que continuamente ella está siendo presionada y desprestigiada por redes sociales y medios de comunicación. “Me intentan desprestigiar porque no sucumbo a estas presiones”, advirtió.

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Su denuncia se da después de que el pasado viernes, durante una sesión extraordinaria, los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo cuestionaron el presupuesto y el PAC y no lo aprobaron.

A ello se sumó el voto de la consejera Ibeth Estupiñán, quien también se abstuvo en los dos puntos. Esto pese a que era ella quien conformaba la mayoría —que ahora luce desintegrada— con Almeida, el vicepresidente David Rosero y Javier Dávalos.

Según Almeida, no hay una razón específica por la que los cuatro consejeros se hayan opuesto a aprobar tanto el presupuesto como el PAC, sino que hubo un evidente “plan de boicotear al Consejo de Participación Ciudadana y obstaculizar la designación de autoridades”.

Adelantó que insistirá en la aprobación del presupuesto y el PAC, pero recalcó que los cuatro consejeros que se abstuvieron incumplieron sus funciones, lo que será comunicado a los entes de control, como la Contraloría General del Estado y el Servicio de Compras Públicas (SOCE), para que tomen las acciones correspondientes.

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“Hay un plan de desestabilizar a la institución y apoderarse de ella con el respaldo de los grupos de poder. Es evidente que la designación de autoridades les interesa”, alertó la autoridad, aunque no mencionó ningún nombre de quiénes son aquellos que están presionando.

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Añadió que está abierta a mantener un diálogo con Estupiñán, que está “en todo su derecho de tomar sus decisiones”; sin embargo, espera que “no sea por presiones”.

Durante su intervención, la interrumpió una funcionaria del Consejo de nombre Michelle Mabelle, quien le pidió explicaciones de cómo es esto de que no habrá presupuesto para pagar los salarios, y la exhortó a revelar quiénes están presionándola, según ella, hasta para apoyarla.

Almeida le pidió que pregunte a los otros consejeros que no apoyaron el presupuesto, y no le mencionó ningún nombre de aquellos que la están presionando.

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Durante esta declaración pública, también se presentaron dos ciudadanas que estarían haciendo veeduría ciudadana. Una ellas, Eulalia Freire, quien se identificó como veedora del concurso de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, intervino para respaldar a Almeida y la reconoció como “valiente”.

Esto, pese a que el reglamento de veedurías ciudadanas prohíbe a los veedores tomar posturas durante los concursos de selección de autoridades. (I)