El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio se suma a la extensa lista de ‘crímenes políticos’ ocurridos en la historia del país

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fuera sindicalista, periodista y legislador, el 9 de agosto del 2023, es el más reciente en la lista de “crímenes políticos” en la historia nacional, entendiéndose como tales a aquellos crímenes que “adquieren una dimensión política cuando se vuelven fenómenos de opinión pública, es decir, cuando originan formas de interpretación ideológica de la sociedad, y a su vez, se vuelven relevantes cuando son objeto de interpretaciones en los medios de comunicación”.

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Esta es la descripción que hace de esa figura el historiador Enrique Ayala en el libro El poder y la muerte (de dos tomos), en el que consta un recuento de casos ocurridos entre 1830 y 2018.

Están, entre otros, el magnicidio del presidente Gabriel García Moreno en 1875; el “arrastre” en el parque El Ejido del expresidente y líder de la Revolución Liberal, general Eloy Alfaro, en 1912; la muerte de Antonio Leiva, chofer del presidente José María Velasco Ibarra, en 1935; y ya en el retorno a la democracia, en 1978, el asesinato del candidato presidencial del Frente Radical Alfarista (FRA) Abdón Calderón Muñoz; el secuestro y muerte del banquero Nahim Isaías en manos del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC), en 1985, y la posterior ejecución de sus líderes Arturo Jarrín y Consuelo Benavides; el crimen del diputado emepedista Jaime Hurtado, en 1998; las muertes del asesor ministerial Quinto Pazmiño y su esposa, en el 2010, el general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela, en el 2010, y los cinco oficiales que participaron en el operativo que sacó al presidente Rafael Correa del Hospital de la Policía el 30 de septiembre del 2010 (30-S); y el asesinato del equipo periodístico de El Comercio, en el 2019.

También está el accidente aéreo en el que murió el presidente Jaime Roldós, en 1981. Si bien no se ha podido demostrar que fue un asesinato planificado, algunos testimonios recogidos en las investigaciones daban cuenta de que hubo intervención de altos grupos de poder político y militar nacionales y extranjeros, que estaban incómodos con sus políticas de derechos humanos, reseña el libro.

Ayala Mora señala en su publicación que todos estos hechos no pueden analizarse mirando solo su lógica interna sino los periodos y etapas del país en los que ocurrieron. Así, por ejemplo, explica que los inicios de la República fueron agitados, el Estado se hallaba en formación y había élites latifundistas que explotaban al pueblo, que no tenía voz ni representación política. O que en el periodo correísta se vivía un “estado de persecución” con una clara afectación a los derechos humanos, reseña el texto.

El historiador Germán Rodas, quien preside la Comisión Nacional Anticorrupción, señala que este tipo de crímenes se planifican y ejecutan desde el poder político, ciertos grupos hegemónicos, y ahora también delincuenciales, para silenciar la voz de aquellos que asumen una postura contestataria, de cuestionamientos.

Y no solo alcanzan a individuos, sino a sujetos sociales, afirma. La matanza de los trabajadores ocurrida el 15 de noviembre de 1922 es un ejemplo de crimen político hacia todo un colectivo que buscaba mejorar sus condiciones laborales: “Se sacrificó a centenares de obreros; y no fue sobre una persona sino sobre una movilización, unas ideas”, dice.

Agrega el activista que estos crímenes tienen como objetivo acabar con la expectativa que tienen las sociedades sobre personas o colectivos que enarbolan luchas. El poder cree que con su desaparición física también desaparecen aquellas, pero suele pasar todo lo contrario.

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“El crimen de Villavicencio no puede opacar, silenciar la lucha contra la corrupción. Hay núcleos delincuenciales organizados que desde su poder, su influencia en determinadas estructuras del Estado, donde se han infiltrado, intentarán acallarla, pero no lo lograrán porque existe el periodismo de investigación, la sociedad civil organizada, como la Comisión Anticorrupción, que siguen trabajando en ello”, reflexiona.

Iván Castro, jurista y yerno de Abdón Calderón, considera que un crimen político no es, necesariamente, el que se comete contra una figura política –que puede ser víctima de la delincuencia común o de un problema pasional– sino el que tiene motivaciones políticas. Y este, a su vez, puede o no ser considerado como un crimen de Estado, que es aquel en el que las estructuras estatales intervienen en su planificación o su ejecución.

El de su suegro, señala, encaja en ambas categorías. “Ese fue un caso investigado y sentenciado por la Corte Suprema de Justicia como tal. Estuvo implicado el ministro de Gobierno de la dictadura de entonces (general Bolívar Jarrín Cahueñas) que fue sentenciado, además de funcionarios de la Policía y otros elementos que habían sido simplemente ejecutores materiales del crimen y pagados por el Estado”, recuerda.

Respecto a lo que ocurrió con Villavicencio, en tanto, dice que hay que esperar el desarrollo y el resultado de las investigaciones de la Fiscalía General para describirlo como crimen político y de Estado.

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“Podría ser un crimen político, sí, con el objetivo de suspender las elecciones del 20 de agosto. Pero él se había abierto muchos frentes de confrontación por sus denuncias que señalaban a diferentes grupos, como mafias delincuenciales o petroleras, cualquiera de los cuales pudo tener motivos suficientes para atentar contra su vida. Lo que más bien parece es que hay elementos de la Policía Nacional que se han hecho de la vista gorda y no han cumplido a cabalidad sus funciones de custodiar la seguridad del señor Villavicencio, y eso no necesariamente configura un crimen de Estado”, opina Castro.

En la cadena nacional que emitió el Ejecutivo la misma noche del asesinato del candidato presidencial de la alianza Gente Buena-Construye, Fernando Villavicencio, el presidente Guillermo Lasso dijo que se trataba de un “crimen político, que adquiere un carácter terrorista”,

“Y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial”, agregó. (I)