En el octavo lugar ubican al Ecuador en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa - ILTL 2020. El puntaje es de 39,7 %.

Este indicador es elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL), que evaluó a la Asamblea Nacional del Ecuador, junto con otros doce Congresos de la región sobre políticas de apertura y transparencia.

El ILTL es una herramienta de medición que clasifica a las Asambleas y evalúa con puntajes de 0 (no transparente - cerrado) y 100 (transparente - abierto) basándose en cuatro dimensiones para su medición: normativa, labor del congreso, gestión administrativa y participación ciudadana.

En el análisis realizado al Legislativo, destacan que Ecuador cuenta con mecanismos de participación ciudadana y la adopción de una política de Parlamento Abierto.

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También se evaluó a otros países, como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

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La media regional obtenida es de 39,6 %, siendo Chile el país que obtuvo el mayor puntaje, con 59,6 %, y Venezuela el peor evaluado con 16,3 %.

Sin embargo, dentro del país, la percepción es diferente. Según cifras de Cedatos, la credibilidad de la Asamblea bajó del 23,5 % al 20,9 % de junio a la primera semana de agosto.

Sin embargo, en agosto pasado, este indicador alcanzó el 31 %. La credibilidad en la palabra de los asambleístas pasó del 6,5 %, cuando terminaron su gestión, al 23,5 % en junio y al 20,9 % el 5 de agosto pasado.

En tanto, en ediciones anteriores, Ecuador obtuvo mejores resultados como en 2018. En ese año ocupó el sexto lugar con un puntaje de 66 %.

¿Por qué bajo? De acuerdo con el informe, corresponde a cambios en el proceso de medición “que han permitido evidenciar que, a pesar de la existencia de leyes relacionadas con transparencia y acceso a la información en el país, la Asamblea no transparenta suficiente información sobre su gasto público, especialmente, información relacionada con conflictos de interés, fiscalización, planes y programas de trabajo de las y los legisladores, entre otros”.

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Adicionalmente, el indicador señala que la calidad de la información que se transparenta por parte del Legislativo no es óptima ni se encuentra en formatos abiertos, dificultando el trabajo investigativo que realizan organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. (I)