El país estaría cada vez más cerca de ir a las urnas, en menos de dos meses, para decidir si quiere o no que se instale una asamblea constituyente para que haga una nueva Constitución. Todo depende de la respuesta que le dé la Corte Constitucional (CC) al Gobierno en las próximas horas.
En principio, el presidente Daniel Noboa quiso ‘saltarse’ el control de constitucionalidad que debe realizar la CC y envió directamente su pedido de consulta popular para ir a una constituyente al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Luego de un cruce de demandas de inconstitucionalidad y la anulación y la emisión de varios decretos, el pasado fin de semana, el CNE finalmente remitió el pedido a la CC para que lo revise. El Gobierno lo aceptó.
Y con un trámite inusualmente exprés, la Corte resolvió el pasado lunes, 22 de septiembre, en un primer análisis, aceptar la vía de la asamblea constituyente que plantea Noboa para hacer cambios constitucionales.
En un segundo momento del control de constitucionalidad, esta vez de contenidos, los jueces aprobaron, la noche del 23 de septiembre, la pregunta, pero hicieron observaciones a algunos considerandos (que sugirieron eliminar) y a dos puntos del estatuto, el 4 y el 5, referidos al número de integrantes de la constituyente, que el Gobierno quiere que sean 80, y la forma de adjudicar los escaños.
Así que le devolvieron el documento a Noboa para que lo corrija y lo vuelva a enviar para hacer una revisión final.
Pocas horas después, la madrugada de este 24 de septiembre, Noboa remitió el texto corregido conforme las indicaciones de la Corte.
Lo que ahora queda es que los jueces lo analicen y tomen la decisión final. “Esperamos que sea en el transcurso del día”, dijo la mañana de este miércoles, 24 de septiembre, en una entrevista con RTS, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.
Si aprueban la convocatoria, esta pasará al CNE para que prosiga con la organización del referéndum con tres preguntas.
Como ya se había declarado en periodo electoral para realizarlo por dos preguntas, una para levantar la prohibición de la presencia de bases militares extranjeras y otra para eliminar el financiamiento estatal para los partidos políticos, el organismo electoral solo tendría que realizar unos ajustes a la planificación y quizás al presupuesto, y un alcance a la convocatoria a elecciones que hizo el pasado martes 23 de septiembre.
Pero sí existe la posibilidad de que la niegue. Algunos constitucionalistas, como André Benavides e Ismael Quintana, siguen viendo algunos errores en la composición y la forma de elección de la constituyente, porque el mandatario insiste en que tenga 80 integrantes, y por la fórmula de representación que plantea, uno fijo por provincia y otros más por cada 471.000 habitantes, y que se asignen escaños a través del método D’Hondt.
Benavides dice que si se propone usar el método D’Hondt es porque se pretende garantizar proporcionalidad en la representación de las listas pluripersonales. Sin embargo, “yo veo una distorsión en los asambleístas constituyentes provinciales, debido a que en algunas circunscripciones solo habrá un asambleísta y sería una lista uninominal.
“En mi opinión -salvo mejor criterio de la Corte - persiste una incongruencia entre los artículos 4 y 5. Debería al menos haber dos asambleístas por provincia, si no cómo aplicas el método”, cuestiona.
Quintana indica que si bien es adecuado que el número se mantenga en 80 constituyentes para facilitar la toma de decisiones, la CC podría observar que se ajusta a 50 el número de representantes por provincias, estableciendo los fijos en 24 y quedando 26 por repartir con la fórmula ya descrita, lo cual afectaría drásticamente el principio de representación democrática y proporcionalidad, sumado a que usará el método D’Hondt, que ya en la práctica afecta a las minorías.
“A no ser que la Corte siga en esta tónica de ”lleve lleve” y “no me moleste más”, expresa el jurista, quien opina que sí se debió plantear un mecanismo mixto para que una parte de la constituyente se elija a través de las urnas y que otra surja de una “representación funcional”, o sea, de cámaras, gremios, la academia...
Si la Corte, en efecto, objeta nuevamente el estatuto corregido por Noboa, tendría dos opciones: volvérselo a devolver o ya negárselo. (I)