Dos fondos para costear la subsistencia y otros beneficios de los hijos y dependientes de las víctimas de femicidio se plantean, entre otras medidas, en el proyecto de “Ley orgánica de contención, acompañamiento y reparación transformadora e integral a hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas de mujeres”, presentado por la legisladora Dallyanna Passailague, de las filas del Partido Social Cristiano (PSC).

Passailague propuso esta norma en el marco del debate sobre el tratamiento a los casos de femicidio en el país, como el de la abogada María Belén Bernal, que habría sido asesinada por su pareja dentro de las instalaciones de un centro de formación policial.

Primero está el fondo estatal de reparaciones, cuyos recursos provendrán del presupuesto general del Estado y del que saldrá “una pensión mensual equivalente a un salario básico del trabajador en general, para los hijos e hijas menores de 21 años o en situación de discapacidad sin límite de edad, personas adultas mayores y demás dependientes que se encontraban a cargo de las víctimas de femicidio u otras muertes violentas de mujeres”, dice el proyecto.

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Añade que “la entrega de dicho apoyo se aplica incluso si la acción penal se ha declarado extinguida por muerte y si sus beneficiarios reciben otro tipo de transferencias monetarias no contributivas”. “En casos de niñas, niños o adolescentes, el apoyo de subsistencia se entregará a quien tenga el ejercicio de la patria potestad”. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) manejaría esos dineros.

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Presentan ley para garantizar la reparación integral a familiares de las víctimas de femicidio

Un segundo fondo que se crearía, de aprobarse la norma, es el denominado “fondo de contención y atención prioritaria”, que se financiará con dineros de la cooperación internacional y de personas naturales y jurídicas.

Este fondo se destinará al cumplimiento de las medidas de reparación en caso de declararse la insolvencia del condenado; becas de estudios para educación general básica, superior, técnica y tecnológica; orientación, formación e iniciativas de apoyo para la inserción laboral de familiares y dependientes de víctimas de femicidio u otras muertes violentas; y apoyo económico a las familias que han acogido a niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de femicidio u otras muertes violentas.

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La Secretaría de Derechos Humanos sería la institución encargada de manejar dicho fondo, añade la propuesta.

Actualmente existe el “Bono para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por muerte violenta de su madre o progenitora”, que se creó con el Decreto Ejecutivo 370, del 8 de marzo de 2022, suscrito por el presidente Guillermo Lassso y que es entregado por el MIES. Pero en el régimen anterior, el de Lenín Moreno, hubo otro similar dirigido solo a las víctimas de femicidio.

El bono de Moreno se entregaba cuando existía una sentencia condenatoria ejecutoriada contra el criminal; el actual se otorga provisionalmente cuando se inicia una investigación previa en asesinato, femicidio, homicidio y violación con resultado de muerte, y de forma definitiva cuando ya existe el fallo condenatorio en firme.

La bonificación consiste en una compensación económica que se entrega mensualmente, cuyo monto es determinado en función del salario básico unificado (SBU) y conforme al primer nivel de la Tabla de Pensión de Alimentos, señala el Decreto 370.

Para este año, con el SBU de $ 425, dicha tabla está así: con 29,49 % para un solo hijo, le corresponde el valor de $ 125,33; 43,13 % para dos hijos, le corresponden $ 183,30; y 54,23 % para un grupo de tres o más hijos, le corresponden $ 230,48.

Según datos del MIES, desde agosto del 2019 hasta agosto de 2022 se ha entregado de manera mensual el bono a un total de 160 niños, niñas y adolescentes. El presupuesto del Ministerio para entregar el bono para el 2022 es de $ 230.730.

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Geraldina Guerra, vocera de la fundación Aldea, señala que es necesario que la entrega de estas compensaciones económicas se eleve a disposición legal, porque “de momento no se están concretando del todo; hay menos de 150 hijos e hijas que reciben ese bono. Ya son varios años que existe, y se han hecho varias reformas, y persisten las dificultades administrativas y técnicas. No logra pasar del papel”.

“Para acceder al bono, los niños tienen serias dificultades. Para decir algunas... Primero tiene que haber un cambio de tutoría legal: cuando ocurre un femicidio, la persona que se hará cargo de los hijos e hijas debe acudir a la Junta de Protección de Derechos más cercana para este trámite; si es que no vive en el mismo sitio donde residía la víctima, se complica un poco más, porque aparte hay que cambiar el domicilio. Esta Junta debería hacer el trámite inmediatamente, porque es un tema urgente, pero no siempre es así en los hechos. Y muchos no saben que tienen que hacer ese trámite. Después, hay que asegurarse de que la persona que asume la tutoría tiene al día sus papeletas de votación; hemos tenido casos en que no, sobre todo en comunidades rurales y sectores urbano-marginales de las ciudades; significa que tendrían que pagar multa. Tuvimos un caso emblemático en que la multa era de $ 150. Sin ese certificado, el MIES no entrega el bono. Luego, hay que abrir una cuenta especial en BanEcuador, y se necesitan $ 20. Además, la cédula actualizada: $ 15 por cada niño. Ahí ya vaya sumando lo que hay que pagar...”, refiere.

“Una ley puede dar más contundencia y agilizar estos procesos, porque muchas familias no saben cómo actuar; algunas no saben incluso que tienen derecho a este bono”, señala la activista, quien sostiene que el Estado tiene que hacerse cargo directamente de estos trámites y gastos, no las familias.

La activista, que participó en la construcción del proyecto de Passailague, sostiene que es correcto que se planteen estos fondos como parte de la reparación integral. “Una parte de la reparación es la pensión mensual, pero tienes una serie de apoyos que puedes requerir después: una abuela de 70 años que se queda con cuatro nietos menores de 6 años, ¿cómo garantizas que esos niños tengan acceso a educación, salud mental, vivienda...? El femicidio termina con un proyecto de vida integral”, explica.

Según datos de la fundación Aldea, desde el 2014 (año en que se tipificó el femicidio como delito penal) hasta el 2020, al menos 1.095 niños y niñas quedaron en la orfandad por femicidios de sus madres; de ellos, 570, más del 50 % del total, se concentran en Pichincha, Guayas y Manabí.

Medidas planteadas

A más de la compensación económica, en la iniciativa legal se propone una serie de medidas de reparación para los hijos y familiares de las víctimas. Entre ellas:

Indemnizaciones por todos los perjuicios económicamente evaluables, tales como el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales (daño emergente), incluido el lucro cesante o pérdida de ingresos; los daños inmateriales (daño y perjuicio moral); los gastos funerarios; los gastos de asistencia jurídica o de expertos forenses, y costas y gastos procesales razonables; los gastos por medicamentos, servicios médicos, servicios psicológicos y sociales. Este dinero deberá “imputarse al condenado, debiendo ejecutarse de forma expedita. En caso de que se verifique la insolvencia, dicha indemnización se imputara al Fondo de Apoyo y Solidaridad”.

Atención médica, psiquiátrica y psicológica de calidad, sostenida, gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva para las y los hijos, madres, padres y demás familiares de las víctimas, valorando el progreso y efectos de las terapias para determinar el tiempo de aplicación.

Medidas para dignificar la memoria de las víctimas y sus familiares, tales como la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; la difusión pública y publicación, a través de medios de comunicación, de la sentencia; una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas afines; una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; reconocimientos públicos que pueden incluir conmemoraciones, homenajes, monumentos o lugares en memoria de las víctimas, y otros. (I)