Dos llamadas hechas desde dos números diferentes al ECU911, la mañana de este miércoles, en las que se advertía de amenazas de bomba en el edificio matriz de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ubicado en el norte de Quito, obligaron a que se desalojara al personal de la institución y se suspendiera el pleno que el organismo había instalado.

Ante las dos amenazas de bomba en las que se pedía por vía telefónica que se evacuara al personal ya que “van a reventar el edificio”, las autoridades policiales desalojaron todos los pisos. Las llamadas con las amenazas se habrían hecho pasadas las 09:30 e inmediatamente llegaron al lugar tres vehículos con al menos nueve agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional.

Pleno de la Corte Nacional analizará informes sobre denuncias administrativas planteadas contra el suspendido presidente del organismo, Iván Saquicela

Los funcionarios judiciales fueron ubicados en la explanada localizada en la calle Unión Nacional de Periodistas, en la intersección con la avenida Amazonas. Los jueces nacionales que eran parte del pleno del organismo, cerca de las 09:45, fueron obligados a suspender la reunión y salir del edificio.

El pleno de la CNJ fue convocado para este miércoles para, entre otros temas, analizar los informes que presentarán los jueces nacionales Marco Rodríguez y Milton Velásquez respecto a las denuncias de tipo administrativo presentadas contra el suspendido presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, ante supuestos actos que generarían la falta gravísima de negligencia manifiesta.

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El miércoles 25 de mayo último, Rodríguez y Velásquez fueron designados, por sorteo, como los jueces que deben emitir informes motivados respecto a las denuncias planteadas contra Saquicela por el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión y el abogado en libre ejercicio Álex Guamán, quien días después desistió de su acción al conocer que “se está tramitando con normalidad” el procedimiento de extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

Las denuncias fueron presentadas ante el Consejo de la Judicatura (CJ), organismo que las trasladó al pleno de la CNJ y requirió la declaración jurisdiccional previa contra Iván Saquicela para continuar con el trámite administrativo.

La denuncia del abogado Guamán incluyó el pedido a los vocales del CJ para que resuelvan la medida de suspensión inmediata del presidente Saquicela. Ese hecho provocó que el viernes 20 de mayo pasado, con los votos del presidente temporal y el vocal titular del CJ, Fausto Murillo y Juan José Morillo, respectivamente, se decida la medida preventiva de suspensión temporal por 90 días de quien en ese momento era el titular de la Corte Nacional. Desde ese momento Katherine Muñoz ocupó el cargo de Saquicela hasta que se resuelva la situación administrativa.

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Los dos jueces nacionales deberán poner a consideración del pleno sus informes con las motivaciones respectivas y posteriormente se comunicará al CJ con el pronunciamiento vinculante al que se llegue.

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Los equipos del GIR realizaron un barrido por cada uno de los pisos de la Corte Nacional para descartar o confirmar la existencia de algún artefacto explosivo que genere riesgos para la integridad de funcionarios y usuarios de esta dependencia de justicia.

Tras casi dos horas de revisiones se determinó que las amenazas eran falsas y al no existir riesgo alguno se ordenó que los funcionarios volvieran a sus lugares de trabajo. Aún se desconoce si el pleno del organismo ya instalado continuará hoy mismo o quedará para otra fecha. (I)