NOTICIAS

Publicidad

Desencuentro entre Gobierno y movimientos sociales por la creación de un fondo de reparación a familiares de fallecidos en las protestas

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aclaró que 'no hay acuerdo' para implementar esta propuesta. Dirigentes sociales ven con pesimismo la respuesta.

El Ministerio de Gobierno encabeza las mesas de diálogos con las organizaciones indígenas. En la foto: José Antonio Dávalos, Xavier Vera, María Brown, Francisco Jiménez, Darío Herrera, Alfonsina Abdo. API/JUAN RUIZ CONDOR Foto: El Universo

Publicidad

La mesa de diálogo sobre seguridad y justicia cerraría sin los acuerdos esperados por parte de los tres movimientos indígenas, que exigen del Estado una reparación económica y no criminalización de aquellos dirigentes procesados por su participación en protestas sociales.

Este 29 de septiembre se cumplen los cinco días de plazo para que esta mesa llegue a acuerdos o desacuerdos, como parte de la metodología de trabajo que definió la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), que actúa como garante de los diálogos, en cumplimiento del acta de paz que se firmó el 30 de junio para terminar con los 18 días de paro nacional.

La propuesta esencial del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en esta mesa es que el Ejecutivo implemente un fondo económico que repare a los familiares de fallecidos y heridos de las protestas de octubre del 2019 y junio del 2022.

Publicidad

Reparación económica a víctimas del paro, solicitada por Leonidas Iza, debe establecerse en la justicia y no en las mesas de diálogo

Además, que no avancen los procesos judiciales a dirigentes y manifestantes, porque tienen efecto de “criminalizar la protesta social”.

Sin embargo, por parte del Gobierno de Guillermo Lasso, esa posibilidad está casi bloqueada. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó que no hay un acuerdo que viabilice la creación de ese fondo.

“En un paro todos perdemos. Estos 18 días del paro dejaron $ 1.000 millones como pérdidas en el sector productivo, sin contar con las pérdidas humanas”, ejemplificó Jiménez al ser consultado sobre el tema en una entrevista en Radio Democracia, este jueves.

Publicidad

A su criterio, dar paso a este pedido sería “evidenciar un solo ángulo, y sería injusto”, pues durante las manifestaciones de junio hubo pérdidas “materiales importantes y agresiones a ciudadanos, policías y militares”.

“Este es un terreno que debe ser analizado con serenidad, porque tiene muchos matices. Nosotros no vamos a ser injustos en la administración de indulgencias o de reconocimiento a quienes requieren alguna indemnización o cualquier tipo de compensación. No vamos a ser injustos; vamos a pensar en todos”, añadió el secretario de Estado.

Publicidad

En tanto, sobre los procesos judiciales abiertos, Jiménez indicó que sobre esos aspectos el régimen no puede intervenir, sino solo actuar como observador, pues la Fiscalía General del Estado es un órgano independiente.

Este jueves se instaló la quinta y última reunión en la sede de la Conferencia Episcopal, en el norte de Quito, y preveía extenderse hasta horas de la tarde. El propósito es cerrar esta mesa y suscribir el acta con acuerdos y desacuerdos o temas pendientes, pues hay urgencia por ir evacuando los temas.

Ello, porque aún resta que se instalen las mesas de salud, de empleo, de educación universitaria y de focalización de subsidios a los combustiles; y quedan dos semanas para que el plazo de 90 días de diálogos culmine.

Respecto de la mesa de seguridad y justicia, Samuel Lema, dirigente de la Feine, precisó que saben de 552 personas que estarían judicializadas por participar en las movilizaciones, aunque desconocen en qué circunstancias y por qué delitos son procesadas. Esperan que el Gobierno les dé una respuesta.

Publicidad

Andrés Tapia, representante de la Conaie, aseveró que en esta mesa hay más divergencias que acuerdos, pues el Gobierno no cede a su pedido de reconocer económicamente a los afectados por las manifestaciones.

54 acuerdos se contabilizan en las mesas de diálogo a 20 días de cumplirse el plazo para cerrarlas

Ejemplificó que a la familia de un militar que falleció durante el paro de junio sí se le concedió una reparación económica, mientras que para los familiares de los manifestantes “no se ha procedido con ningún tipo” de resarcimiento.

En esencia, Tapia reconoció que sobre este tema “no hay entendimientos”.

Este mismo jueves estaba previsto que se instale la mesa de salud, para lo cual los movimientos sociales llevaron propuestas, como que se asignen recursos para la compra de medicamentos y mejoramiento estructural de centros de salud, para que quienes habitan en las comunidades tengan acceso al sistema público de atención.

En estos casi tres meses de encuentros entre las autoridades gubernamentales y las delegaciones de las tres organizaciones sociales, se han instalado cinco mesas técnicas, en las que en cuatro se cerró el trabajo con la suscripción de 54 acuerdos, como fue en banca pública, control de precios, fomento productivo, energía y recursos naturales y derechos colectivos (acuerdos parciales), informó el Gobierno.

Aún resta conocer cómo terminarán las mesas de focalización de subsidios; derechos colectivos; seguridad, justicia y derechos; acceso a la salud; empleo; y educación superior, frente a un plazo para continuar en este proceso que concluye el próximo 12 de octubre. (I)

Redacción
Redacción

Publicidad

Publicidad

Publicidad

¿Tienes alguna sugerencia de tema, comentario o encontraste un error en esta nota?

Publicidad

Publicidad

Publicidad