La prevención de conflictos de intereses en el sector público para contrarrestar la corrupción ha sido manifestada por varios sectores de la sociedad como una necesidad; sin embargo, en marzo pasado, la Asamblea Nacional archivó un proyecto de ley para la regulación del lobby y la prevención de conflictos de intereses alegando que no existe una fuerte motivación jurídica que justifique su creación.