El veto parcial al proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación que emitió la Presidencia de la República generó reacciones de indignación y desilusión en movimientos de mujeres y de los denominados grupos provida.

La noche de este 15 de marzo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció en 61 objeciones al proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación, que fue remitido para el análisis de la Asamblea Nacional, para lo que tiene un plazo de 30 días.

Una de las objeciones se hizo al artículo 20 aprobado por la legislatura, en el que se planteó que “bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, el examen o declaración previa alguna” para una mujer que ha sido víctima de violación.

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Pero el Ejecutivo planteó un “texto alternativo”, con tres literales como requisitos para permitir la práctica del aborto consentido en caso de violación y que se dará si “únicamente cumple” uno de ellos y que son:

  • “a) La víctima o cualquier persona que conociere del hecho hubiere presentado la correspondiente denuncia para la investigación y sanción del delito de violación y otros delitos conexos, salvo el caso de mujeres con discapacidad mental;
  • b) Que se hubiere suscrito por parte de la víctima una declaración juramentada. En el caso de menores de edad, la declaración podrá suscribirla su representante legal o quien ejerza un rol de cuidado, salvo que fuere identificado como agresor por parte de la solicitante; o
  • c) Que se practique examen de salud por parte del médico tratante o el médico legista, según sea el caso, en el cual, bajo juramento, se certifique que la solicitante presenta serios indicios de haber sido víctima de violación”.

Se agregó que, en todos los casos se requerirá la suscripción del consentimiento informado por parte de la víctima o su representante legal. Antes de la ejecución del procedimiento deberán practicarse los exámenes y profilaxis referidos en esta ley. Se deberán preservar posibles pruebas, evidencias o indicios sobre la existencia de violación para la correspondiente investigación y sanción del delito.

Virginia Gómez de la Torre, directora de la organización Desafío, contó que vio con “horror y rechazo” el veto, porque tiene un “espíritu de negar y obstaculizar el derecho de decidir y, al contrario, promueve la muerte de mujeres y niñas al reducir el plazo para acceder a esta asistencia en las doce semanas, como lo propone el Gobierno.

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Son tres los requisitos que plantea el presidente Guillermo Lasso para las víctimas de violación que quieran optar por un aborto

Según Gómez, el exigir requisitos hará que “las mujeres no denuncien”. “Las denuncias no garantizan que se detenga al violador; la investigación estaba solventada con la notificación del Ministerio de Salud para quitarle esa responsabilidad a la mujer. Cuando piden la denuncia o declaración juramentada o examen médico legal para demostrar que hay indicios de violación, significa que el presidente considera que las mujeres ecuatorianas son unas farsantes, que van a mentir, sobre todo las niñas”, preguntó la activista.

Las mujeres tienen derecho a no vivir maternidades violentas producto de una violación, y ese derecho se ejerce mediante el aborto por violación. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso desde su posición, incluso antiética, trató el veto desde su posición personal. ¿Cómo se le ocurre que un presidente que gobierna en un Estado laico poner que él tiene una posición al respecto. Eso es incorrecto, no es ético.

Virginia Gómez de la Torre, colectivo Desafío

La expectativa es que en el trámite del veto en el Parlamento, los legisladores tengan un “cachito de dignidad y respeto para las mujeres y se las defienda de un veto violento y machista. Los asambleístas deberían tener algo de dignidad y ratificar lo que aprobaron; obviamente, talvez sería pedir peras al olmo, pero ese paso tendremos que lucharlo para que la Asamblea se ratifique”, opinó Gómez.

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La organización no gubernamental Surkuna también vio con preocupación esta objeción parcial.

Estefanía Chávez, una de las activistas, refirió que desde abril del 2021 que la Corte Constitucional (CC) en una sentencia despenalizó el aborto por violación, 27 mujeres solicitaron asistencia (a esta oenegé) para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

De ellas, una es menor de 10 años; 14 tenían entre 11 y 14 años; 3, de 15 a 18 años; 4 mujeres de 19 a 24 años; 4, 25 a 30 años. Más de la mitad de las solicitudes son de niñas y adolescentes, se informó.

De estas 27 personas, 22 recibieron atención entre abril del 2021 y febrero del 2022 y “cinco lo hicieron en el primer trimestre de gestación y catorce en el segundo trimestre”.

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Para Chávez, el veto “retrotrajo” el debate de la despenalización del aborto, en el que no se conduelen de las víctimas. “Los delitos sexuales son altamente estigmatizantes, no sería correcto pedirle a una víctima que ponga la denuncia y ‘luego te atendemos’, esto contraría el principio de buena fe que es creer en la palabra de la mujer. Las mujeres no vamos a torcer la ley para favorecernos de una forma ilegítima de un aspecto como es el aborto por violación. Esto es doloroso, incluso por motivos de salud de las víctimas”, anotó.

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Advirtió que estos requisitos dificultarán que las víctimas denuncien, pues “quién va a ir a una notaría a contar que fue violada, qué víctima va a querer que le hagan un examen con los mejores procedimientos, porque los médicos legistas están desbordados de trabajo, no se dan abasto para atender a las víctimas. Esto es obstruir el derecho que las mujeres tienen de ser atendidas en condiciones dignas y legales”, lamentó la activista.

No estamos en la misma página con el presidente. Exhortamos a que el Gobierno pueda incorporar las realidades de lo que su gabinete debería haberle informado como el Ministerio de Salud y Educación. En Ecuador se registran cuatro denuncias de violación a diario, siete niñas dan a luz a diario; somos el tercer país de la región que registra las tasas más altas de embarazo adolescente, no tenemos asignados recursos para la cobertura de servicios de salud y justicia y así queremos ponerles cargas a las mujeres

Estefanía Chávez, activista y abogada de la organización no gubernamental Surkuna

La organización no desestima que sea la misma Corte Constitucional (CC) la que deba dirimir sobre este veto, pues según Chávez, se hacen razonamientos constitucionales, que los jueces constitucionales deberán resolver si tienen asidero o no y se reoriente el debate para la construcción de la ley.

En la otra orilla están los colectivos que cuestionan la sentencia de la Corte Constitucional, así como la ley, pues creen que no se defiende la vida desde la concepción, como lo establece la Constitución.

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Francisco Loor, del Consejo de Resistencia Fe, Vida y Familia, consideró que el veto del primer mandatario debió ser total y no parcial.

Con la despenalización del aborto “se condena a la muerte al niño no nacido, porque ya sea que se le quite la vida a los tres meses o al siguiente día a la concepción, es un atentado a la vida de una persona inocente”, expresó.

Debería hacerse una consulta popular para que la población decida si está de acuerdo con esto. El Gobierno y el presidente Guillermo Lasso están haciendo recomendaciones importantes en su veto, como que se respete la objeción de conciencia, que se presente la denuncia formal, lo cual no se tenía en cuenta en la ley. Las otras observaciones hechas por el Ejecutivo son positivas, pero lo que es de fondo, es que sigue vigente la sentencia de muerte en contra del no nacido

Francisco Loor, del Consejo de Resistencia Fe, Vida y Familia

A su criterio, Lasso dejó las “cosas en el mismo estado”, porque no se protege la vida desde la concepción. “El Gobierno y el presidente están haciendo recomendaciones importantes, como que se respete la objeción de conciencia, que se presente la denuncia formal, lo cual no se tenía en cuenta en la ley de la Asamblea. Las otras observaciones son positivas, lo negativo es que sigue vigente la sentencia de muerte en contra del no nacido. Estamos hablando de tres meses, el corazón palpita, ya tiene formación el cuerpo del niño. Lo que se está aprobando es la pena de muerte en contra de los niños”, recalcó.

Amparo Medina, activista provida y parte del proyecto SOS Mamá, estimó que el presidente Lasso “optó por parar la sentencia de la Corte, porque permitía el aborto hasta los nueve meses”.

Vemos la intención del presidente de una u otra manera de evitar que se agrande este nefasto genocidio del aborto, dado que le quita el carácter de derecho, le quita la promoción y permite a la institución, al médico, la objeción de conciencia. Vemos el esfuerzo del presidente al tratar de limitar los daños que está causando la sentencia de la Corte Constitucional y el proyecto de ley. Ahora va a la Asamblea y veamos qué pasa con los grupos abortistas

Amparo Medina, del proyecto SOS Mamá

“Frente a esa alerta de la sentencia y un proyecto de ley ilegal que atenta a los derechos de los padres de familia, de objeción de conciencia, la resolución del presidente fue frenar los dos proyectos abortistas”, enfatizó Medina.

Ella aclaró que no ve positivo el veto del Ejecutivo, pero sí “trató de evitar el aborto hasta los nueve meses o a libre petición, como pretendía la Asamblea y se impidió que lleguen a ese objetivo final”.

Medina informó que el próximo sábado a las 09:00 se realizará una movilización pacífica hasta la Plaza Grande, en Quito, para insistir en que se debe garantizar la vida desde la concepción. (I)