A puertas de que se cierre la etapa de prueba dentro del procesamiento del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, surgen denuncias y amenazadas en contra de los legisladores que deberán definir, en las próximas semanas, si absuelven o destituyen al primer mandatario acusado de supuesto peculado.

Para este miércoles se tiene previsto que la Comisión de Fiscalización concluya la etapa de prueba una vez que escuche los alegatos de los cuatro solicitantes del juicio: Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID). También presentará sus alegatos Édgar Neira Orellana, quien lidera la defensa del primer mandatario.

Una vez que concluya esta etapa, la Comisión de Fiscalización entrará a redactar y aprobar el informe motivado sobre el juicio político dentro de un plazo de diez días. Ese documento determinará si recomiendan o no el juicio político al presidente Lasso, y luego pasará a conocimiento, debate y resolución del pleno del Parlamento, donde se necesitarán 92 votos para la destitución del mandatario, que al momento no hay.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, según la acusación habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec EP para el transporte de crudo.

Denuncias

Una serie de denuncias y amenazas se registraron, en las últimas horas, en contra de varios legisladores de todas las tendencias políticas, que inquietan a los asambleístas mientras se procesa la solicitud de interpelación al jefe de Estado.

La bancada Unión por la Esperanza (UNES), este 25 de abril, soltó la mano a la legisladora Mireya Pazmiño (separada del bloque Pachakutik), que se constituyó en su aliada en el momento de sostener el pedido de juicio político en la legislatura y ante la Corte Constitucional. Y ahora plantea una investigación en la Comisión de Régimen Económico que preside Pazmiño, y que aprobó un informe sobre Flopec, que destaca una saludable gestión económica de la empresa pública, cuando la razón del juicio es precisamente por un supuesto peculado en un contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool.

Esa organización política mediante un comunicado público exigió a la Fiscalía General del Estado y a la Asamblea Nacional que investiguen la forma en que fue elaborado el informe el 31 de octubre de 2022, donde votaron tres legisladores de la bancada UNES, un socialcristiano y Pazmiño. En especial piden que se investigue al asesor Mario Naranjo, así como la influencia y el rol de su hermano, Wilson Naranjo, supuesto lobbysta, de empresas petroleras en la elaboración del informe no vinculante sobre Flopec.

El pedido de la investigación surgió luego de las dudas que sembró la exsecretaria relatora de la comisión de Régimen Económico, Andrea Poveda Camacho, que compareció como testigo en el juicio político contra Guillermo Lasso, donde dijo que el informe sobre el caso Flopec no fue elaborado en la comisión por sus asesores, que ella recibió el documento de parte de Mario Naranjo, asesor del Pazmiño.

A parte de UNES, el legislador nacional Fernando Villavicencio también anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue a la asambleísta Pazmiño, “porque ella utilizó su condición de legisladora y de presidenta de la comisión”.

Lo grave, dijo, es que el computador en el que se redactó el informe de la Comisión de Régimen Económico sobre el caso Flopec es de un hijo menor de Galo Garzón, procesado penalmente en el caso Petrochina y Petroecuador, quien fue la mano derecho de Nilsen Arias Sandoval, procesado por la justicia americana y en Ecuador. Desde esa computadora se envió el informe sobre el caso Flopec a la secretaria de la mesa, insistió.

Villavicencio dijo que esta denuncia “es un golpe al corazón del juicio político”, porque se está hablando de un informe de una comisión especializada aprobado con cinco votos, donde se recomienda a Flopec mantener los contratos con Amazonas Tanker.

La legisladora Mireya Pazmiño dijo que no teme una investigación y pidió que no mal interpreten el informe que se elaboró en la comisión que preside, y que la Fiscalía deberá revisar todos los informes y rechazó que se pretenda desviar la atención del objetivo que es censurar y destituir al presidente Guillermo Lasso. La legisladora explicó que la bancada UNES lo que busca es aclarar lo que pretenden otros actores políticos; “yo no le temo a nada, estoy dispuesta que se investigue todo, incluso invito a las UAFE que investigue mis cuentas y de mis familiares e hijos que han sido perseguidos”, subrayó.

La asambleísta Gisella Garzón dijo que su organización política UNES lo que busca es aclarar las cosas, y que los responsables respondan; y considera que en lugar de afectar al proceso de juicio político se fortalece porque su pedido a la Fiscalía de investigar cómo se hizo el informe sobre el caso Flopec, lo que se pretende es transportar todo. Que se investigue a todos quienes se tenga que investigar, así sean asambleístas o funcionarios, caiga quien caiga, anotó.

Amenazas

La bancada Pachakutik a través de su coordinador, Mario Ruiz Jácome, anunció que no aceptan amenazas del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, que pidió que la bancada deberá consignar su voto a favor del juicio a Guillermo Lasso.

Ruiz advirtió que dentro del proyecto político de Pachakutik no se incluye una agenda para dejar en la impunidad los actos de corrupción de dirigentes de otros partidos políticos.

Manifestó que no temen la alerta que envió el dirigente Iza, que el movimiento Pachakutik no es solo indígena, sino que acoge a todas las organizaciones y movimientos sociales; y que no permitirá que se “pretenda arrodillar al Pachakutik hacia el correísmo”.

También en el bloque del Partido Social Cristiano se denunció presiones a los legisladores para que voten a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso.

El legislador de Esmeraldas Javier Ortiz aclaró que su salida del bloque PSC se dio por decisión propia y en respuesta a las amenazas que recibió por parte del jefe de bloque, Esteban Torres, que “el jueves anterior se acercó a mi curul y me dijo que si no firmaba un documento iba a ser expulsado de la bancada; era un documento de apoyo al juicio político al presidente Guillermo Lasso”.

Dijo que no se puede adelantar un criterio respecto al juicio político mientras no se haya escuchado y conocido las pruebas. “Yo no puedo someterme a amenazas ni a condicionamientos cuando he sido electo por un pueblo”, afirmó Ortiz, quien advirtió que existe otros audios con más amenazas contra otros de sus compañeros y que espera hacerlos públicos.

Ortiz manifestó que salirse de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) fue su mejor decisión que ha tomado, porque no acepta amenazas ni condiciones de nadie. (I)