Luego que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la noche del miércoles 5 de junio pasado en una sesión ordinaria, resolvió descalificar a Maritza Romero Estévez y Wilson Guillén Ortega como postulantes dentro del concurso en el que se busca designar al titular de la Defensoría Pública, el aspirante ubicado en el sexto lugar de la lista, Ricardo Morales Vela, aparece como el más opcionado a ocupar el cargo.

Un día antes, este mismo cuerpo colegiado, dentro de una sesión extraordinaria, decidió descalificar a los postulantes Byron Guillén y Jorge Ballesteros, segundo y tercero en la lista de opcionados, ante una supuesta transgresión al principio de probidad. En esa misma sesión se conoció el informe jurídico relacionado con el postulante Daniel Frías Toral y la renuncia que este presentó al concurso. Frías Toral el primero en la lista de opciones dentro del concurso público.

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En la página de Facebook del estudio jurídico Morales Velas & Asociados, quien aspira a ser la primera autoridad en la Defensoría Pública, Ricardo Morales Vela, es identificado como el fundador y líder del bufete, quien es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República, máster en derecho penal y procesal, especialista en Garantías Jurisdiccionales y Reparación Integral.

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También se resalta sus pasos por la función pública en cargos como comisionado de Pacificación y Diálogo Penitenciario, subsecretario de Justicia y defensor público general encargado.

En comentarios resaltados en esa página de Facebook, Morales Vela asegura que la justicia debe ser independiente, administrativa y financieramente, pues cree que sin eso no se tendrá una justicia despolitizada y libre de presiones.

QUITO (06-06-2024).- En el extremo derecho de la foto se ubica Ricardo Morales Vela, el candidato con más opciones a ocupar el cargo de Defensor Público General, dentro del concurso que lleva adelante el Consejo de Participación. Foto tomada de redes sociales. Cortesía / EL UNIVERS0 Foto: Cortesía

“Debe reformarse la Constitución respecto a la gratuidad del sistema de justicia. La gratuidad está bien y debe darse en materias sociales y penales, no en todas las materias. En lo civil, por ejemplo, se debería regresar al cobro de las tasas judiciales, entre otras iniciativas que deben conseguir la independencia administrativa, política y financiera de la Función Judicial. Ahí tendremos jueces que se preocupen exclusivamente de sus fallos, no de la presión mediática o política”, sostenía Morales Vela.

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En lo público el aspirante fue, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, parte de los nueve integrantes de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación conformada, el 16 de diciembre de 2021, durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Morales Vela llegó como experto en derechos humanos.

La ministra de Gobierno de ese momento, Alexandra Vela, señaló que con la creación de la comisión se buscaba incidir de manera inmediata, progresiva y sostenible en la contención y prevención de la violencia en el entorno penitenciario.

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Entre mayo del 2011 y enero de 2013, durante el periodo presidencial de Rafael Correa, el hoy abogado en libre ejercicio fue subsecretario de Atención Integral de Personas Privadas de la Libertad en el hoy desaparecido Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. El cargo que ocupó Ricardo Morales Vela lo mantuvo en momentos que estaban como ministros de Justicia José Serrano, Johana Pesántez y Lenín Lara.

Justamente el exministro y exasambleísta del correísmo José Serrano en su cuenta de la red social X escribió el 5 de junio pasado: “El CPCCS debe resistir a la argolla mediática que busca descalificar a un postulante por el “pecado” de haber sido parte de la transformación de la rehabilitación social en su paso por el Ministerio de Justicia. Sería inaudito que logren su objetivo de estigmatizar a Ricardo Morales por su experiencia y resultados como servidor público”.

Como parte de su experiencia pública, Morales Vela en sus redes sociales resalta haber sido, entre enero de 2009 y abril de 2011, asesor de presidentes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ); docente y subdirector de la Escuela de la Función Judicial, entre el 2010 y el 2015; entre febrero y mayo de 2019 , defensor público general encargado; fue coordinador nacional de la Defensoría Pública, entre octubre de 2018 y octubre de 2022; trabajó como asesor 2 de la Secretaría de Derechos Humano desde noviembre de 2021 y febrero de 2022.

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También en su hoja de vida aparecería la experiencia en docencia en varias universidades del país.

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El expresidente del CPCCS Hernán Ulloa asegura que Ricardo Morales Vela actualmente mantiene un impedimento para ejercer el cargo público al que aspira, pues sostiene que él fue indemnizado por la compra de su renuncia y tal como lo referiría el artículo 14, párrafo 4, de la Losep, solo podría reingresar al servicio público -sin devolver la indemnización- mediante nombramiento provisional o cargo de libre remoción.

“Morales está concursando para un cargo de “periodo fijo”; ergo, para postular, tenía que haber solucionado su impedimento. Pero no lo hizo, y en su lugar, participó con un certificado donde creía que postulaba para un cargo de libre remoción; lo que ocasiona su descalificación inmediata. La Comisión Ciudadana de Selección y el CPCCS no se percataron de dicho impedimento, por culpa del propio postulante, quien omitió o cambió con su certificado su situación jurídica”, refirió Ulloa.

Días antes el hoy candidato más opcionado para liderar la Defensoría Pública, en su cuenta personal de la red X aclaró que no tiene impedimento alguno para ejercer el cargo al que está postulando. Recordó que el artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) determina que el defensor público general no pertenece a ninguna de las carreras de la Función Judicial y el artículo 43 del mismo cuerpo legal refiere que la Losep es norma supletoria aplicable a los servidores judiciales de la carrera administrativa, a la cual no pertenecen los defensores y más aún el defensor público general.

“El artículo 77 del COFJ forma parte del Título III “Carreras de la Función Judicial”,por ende, no es aplicable a quienes están exentos de ellas, entre las cuales se encuentra el defensor público general. El CPCCS transitorio, dentro del proceso de selección de vocales del Consejo de la Judicatura, en una situación similar resolvió que la compra de renuncia no es causal de impedimento para el ejercicio de dicho cargo, que al igual que el defensor público general es un cargo a periodo, del nivel jerárquico superior, al cual no le es aplicable la Losep, por no pertenecer a la carrera administrativa de la Función Judicial”, sostuvo. (I)