La defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, presentó una acción de medidas cautelares para evitar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resuelva sobre su subrogación, frente a la ausencia temporal del titular, Freddy Carrión, quien se encuentra bajo prisión preventiva por el delito de supuesto abuso sexual.

Rovira llegó este viernes 23 de julio hasta el Complejo Judicial Norte de Quito para presentar este recurso, debido a que el CPCCS convocó para las 19:00 de hoy a una sesión extraordinaria para “analizar” un informe jurídico que presentó el excoordinador jurídico Freddy Viejó González respecto de la situación legal de Carrión.

Zaida Rovira advierte de intentos de ‘desestabilizar’ a la Defensoría del Pueblo

La defensora subrogante rechazó que desde el Consejo de Participación Ciudadana haya “sectores interesados, que pretenden analizar y resolver sobre un criterio jurídico la situación de la Defensoría” y advirtió que “se pretende apoderarse de la Defensoría del Pueblo a través de un criterio sesgado, mentiroso y fuera de la legalidad constitucional”, enfatizó.

El conflicto surge porque desde el pasado 17 de mayo, Carrión guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, acusado del delito de presunto abuso sexual.

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Desde entonces han transcurrido 67 días de su ausencia en el cargo, lo que podría convertirse en ausencia definitiva a los tres meses, es decir, a los 90 días. Y, justamente este 26 de julio, se llevará a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Adrián decidirá si existen o no los elementos de convicción para emitir un auto de llamamiento a juicio o lo sobreseen.

El 26 de julio próximo el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, enfrentará audiencia preparatoria de juicio por el delito de abuso sexual

En esa relación de hechos, según Rovira, de cumplirse los tres meses de ausencia, el CPCCS puede aplicar el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo para designar un defensor del Pueblo encargado y dar paso al inicio del concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana, para designar a un titular.

Sin embargo, el criterio jurídico planteado por el exfuncionario del Consejo, concluye que Rovira estaría ejerciendo ilegalmente el cargo de defensora subrogante, e incluso se la acusó del delito de presunta “usurpación de funciones”.

Rovira aseguró que asumió la subrogación por “el imperio de la ley”, y en esa línea pidió a los consejeros de Participación Ciudadana que respeten la institucionalidad y la “dejen trabajar” hasta que se cumplan los tres meses, y solo entonces apliquen las disposiciones legales que correspondan.

“Lo que estamos solicitando es que se respete el artículo 15 de la ley de la Defensoría del Pueblo, que se respete la institucionalidad y se deje trabajar. Esta no es una pelea por los puestos, sino por la institucionalidad. Esto no es una pelea personal. Son tres meses que dice la ley, lo máximo que se pueda extender la subrogación”, explicó.

En el Consejo de Participación Ciudadana hay dudas por contrataciones de personal en la Judicatura

Adicionalmente, Rovira no desestimó que exista la intención de parte del CPCCS de nombrar como defensor encargado a Freddy Viejó, quien elaboró este criterio y que renunció a la coordinación jurídica a inicios de julio. “Esto lo venimos escuchando desde que el señor Viejó presentó el criterio jurídico”, insistió.

Por su parte, el CPCCS emitió un comunicado en el que se asegura que en la sesión de esta noche no se encuentra previsto “el cambio de ninguna autoridad”.

“El CPCCS respeta la institucionalidad y las normas legales vigentes. Rechazamos toda intromisión en las gestiones que ejerce el CPCCS por mandato constitucional y legal”, cita la comunicación oficial. (I)