La aplicación de la propuesta de Plan Ecuador que buscaría entablar el gobierno de Guillermo Lasso con los Estados Unidos, para luchar contra el narcotráfico, dependería de su contenido para ser sometido a revisión de la Corte Constitucional (CC) y de la Asamblea Nacional, o si solo será una cooperación de gobierno a gobierno.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, adelantó el pasado 8 de junio en una declaración al programa Conclusiones de CNN, que pedirá a su par de los Estados Unidos, Joe Biden, un apoyo más contundente para contrarrestar el narcotráfico en el país, lo que implicaría desarrollar un denominado Plan Ecuador similar al Plan Colombia.

Esa propuesta la haría cuando pueda mantener un encuentro bilateral “cara a cara” con Biden, al que le diría: “Así como con Colombia y el Plan Colombia necesitamos el Plan Ecuador, porque no es posible que la factura la pague solo un país pequeño que trata de impedir el uso de su territorio para el narcotráfico… Entonces, creo que la factura hay que compartirla con los Estados Unidos y Europa”, manifestó Lasso, quien se encuentra en los Estados Unidos participando de la IX Cumbre de las Américas.

A nivel constitucional, el artículo 5 determina que el Ecuador “es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

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En tanto que el artículo 419 de la Carta Política sobre los tratados internacionales señala que su ratificación o denuncia requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional, en ocho casos. El segundo menciona el establecimiento de “alianzas políticas o militares”.

Desde el Gobierno, el canciller Juan Carlos Holguín descartó que se busque implementar bases militares norteamericanas, tanto porque la Constitución lo impide y porque la cooperación puede obtenerse en materia de tecnología y equipamiento militar.

El exlegislador y catedrático Henry Cucalón cree que primero debe definirse qué tipo de acuerdo es el que se buscará, porque si es sobre cooperación puede hacerse entre Gobiernos que son muy puntuales y no necesitan pasar por la revisión de la Asamblea.

Pero si “quieren hacer un convenio en el que consten obligaciones para las partes, que planteen situaciones de mayor envergadura, como el uso de instalaciones, no de bases extranjeras, hay que analizarlo jurídica y políticamente”, enfatizó.

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Cucalón recordó que Joe Biden en su trayectoria de senador de los Estados Unidos visitó en varias ocasiones Colombia y “conoce muy de cerca la realidad latinoamericana, entonces no es ajeno el tema de estos planes integrales, como el de Colombia”.

Es así que Biden cuando era congresista por Delaware fue promotor del Plan Colombia que se suscribió en 1999 entre los exmandatarios Bill Clinton y Andrés Pastrana; y como vicepresidente de Barack Obama apoyó los diálogos de paz en La Habana (Cuba), que concluyeron con el acuerdo de paz en el mandato del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC.

El abogado colombiano y catedrático Ramiro Bejarano opinó que Ecuador podría enfocar su pedido de apoyo para fortalecer los servicios de inteligencia, para acceder a información que permita conocer por dónde está llegando la infiltración del negocio de la droga. “Cómo está saliendo, quiénes son las personas que están comprometidas, hacer un estudio muy importante que permita establecer sobre el blanqueo y lavado de dineros. Esa es la labor que Ecuador puede, por ejemplo, solicitar a los Estados Unidos”.

Detalló que en su país el Plan Colombia no requirió una aprobación del Parlamento, porque no es un tratado internacional, sino mecanismos de cooperación internacional.

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No obstante, enfatizó que en el caso ecuatoriano “lo que sí se tiene que velar es que no vaya a terminar con que se implemente una base militar en Esmeraldas o Manta, que siempre han querido, porque obviamente una base militar sería un polvorín político”.

Añadió que el Plan Colombia fue positivo “en la medida en que con los recursos que llegaron se fortalecieron las capacidades de las fuerzas militares, se mejoró su infraestructura y fue un aporte desde los americanos, por lo que no creo que nadie podría decir que fue equivocado”.

Para el constitucionalista André Benavides, una de las cuestiones fundamentales que se deben observar en el caso de suscribir acuerdos es que estos no deben ir “más allá de los límites que señala la Constitución, porque hay casos en los que se requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional, como cuando se compromete la soberanía”.

“Es una propuesta positiva, pero hay que ir con calma y viendo cuál es el alcance de esas disposiciones y si se requerirá de la aprobación de la legislatura”, agregó.

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El analista político Mauricio Gándara cree que este plan podría ser entendido como actos del Ejecutivo, pero dependerá de su alcance para establecer si requieren de la aprobación del Legislativo.

A su criterio, el Ecuador debería plantear un acuerdo por el desarrollo, similar a la Alianza para el Progreso que se implementó en el gobierno de John F. Kennedy, que aporte en materia de educación, salud, construcción de viviendas, atención para el agro, entre otros.

En tanto, el exprocurador del Estado Gustavo Medina coincidió en que la aplicación de este posible Plan Ecuador dependerá de los términos en los que se estructure el acuerdo. “Puede traducirse en un convenio internacional, y de los términos dependerá la aprobación de la Asamblea; o de otra manera, puede ser un acuerdo de gobierno a gobierno”. (I)