Cuál será el plazo máximo de gestación para permitir el aborto en casos de violación en Ecuador: la Asamblea Nacional entra a definirlo

Sin votos y sin una posición clara, los 137 legisladores que integran la Asamblea Nacional intentarán ponerse de acuerdo sobre si la interrupción voluntaria del embarazo por violación, para niñas y adolescentes, se permite a las 22 o a las 12 semanas de gestación.El debate sobre el tema se reactivará este 3 de febrero, a las 10:00, en el Parlamento, en medio de una ola de protestas a favor y en contra de las organizaciones feministas y grupos provida, que anuncian movilizarse hasta la calle Piedrahíta, donde se ubica la Función Legislativa, para levantar su voz y exigir una definición a los asambleístas.De las cinco fuerzas y grupos políticos que actúan en la legislatura, al menos cuatro resolvieron dejar en libertad a sus legisladores para que en la ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación voten de acuerdo con sus convicciones ideológicas, religiosas y políticas.El número de asambleístas que están liberados de la disciplina partidista asciende a 107 legisladores, quienes podrán decidir por cuenta propia su discurso y votación en el pleno.Sobre la interrupción del embarazo en caso de violación hay dos informes y se diferencian por los plazos que plantean. El de mayoría propone que la interrupción en el caso de las niñas y adolescentes debería darse hasta las 22 semanas de gestación (5 meses y medio), y para el caso de las mujeres mayores de 18 años de edad, hasta las 20 semanas (5 meses).El informe de minoría recomienda un plazo de hasta doce semanas (tres meses), la interrupción del embarazo por violación para las niñas, adolescentes y mujeres que viven en la ruralidad; y seis semanas (un mes y medio) para las mujeres mayores de 18 años de edad.El presidente de la comisión de Justicia que elaboró el informe de mayoría, Alejandro Jaramillo, aclara que el texto no es vinculante y podría ser ajustado en los plazos y consensos a que se pueda llegar con las diversas fuerzas políticas. Se espera escuchar las ponencias y luego definir los textos finales.Considera que si en el debate se presentan observaciones, con seguridad la asambleísta ponente del proyecto, Johanna Moreira (ID), pedirá más tiempo para recoger los textos y posteriormente someterlo a votación en el pleno. La ley orgánica de la Función Legislativa permite solicitar hasta ocho días de plazo.En cambio, el asambleísta Ricardo Vanegas (PK), quien presentó el informe de minoría, asegura que el texto presentado como informe de mayoría no tiene los votos, y quienes están a favor de ese informe pretenden apelar que el plazo se reduzca de 22 semanas de gestación a 16 semanas.Igualmente, habla de la posibilidad de que la legisladora ponente pida ocho días más para presentar los textos finales, pero considera que es innecesario porque no van a cambiar las posiciones de los legisladores, pues, según dijo, hay votos suficientes para aprobar el informe de minoría.Vanegas también anuncia que habrá al menos seis legisladores que no votarán por ninguno de los dos informes, por sus convicciones muy personales.Las organizaciones provida y feministas preparan una marcha de pañuelos azules y verdes, respectivamente, hacia la Asamblea Nacional y esperan mantenerse en vigilia sobre las posiciones que asumirán los 137 legisladores. Los dos sectores esperan estar en la calle Piedrahíta, donde se ubica el Palacio Legislativo, a partir de las 10:00. También activarán mensajes en redes sociales. Martha Cecilia Villafuerte, directora de Familia Ecuador, señala que desde las ciudades de Guayaquil y Portoviejo saldrán buses hacia Quito, cuyas personas irán hacia la Asamblea para dar a conocer su posición frente al proyecto de ley. También habrá plantones en las principales ciudades del país. Villafuerte dice que rechazan los dos informes presentados alrededor de la interrupción del embarazo por violación, pues a criterio de este grupo de personas ambos atentan contra los derechos constitucionales de los ecuatorianos por nacer. También presentarán su respaldo a los asambleístas que han presentado su postura en defensa de la vida.Este grupo pedirá que la legislatura adopte una posición firme este jueves 3 de febrero, y no otorgue más prórrogas y se dé la votación del proyecto. Insistió en que las organizaciones provida no apoyan ninguno de los dos informes, porque ambos establecen el aborto; el de mayoría propone hasta los cinco meses y medio de embarazo, y el otro hasta los tres meses de gestación, pero ambos promueven el aborto .Villafuerte descifra que hay tres escenarios frente al proyecto de ley en debate: El primero, que no haya los votos suficientes; el segundo, que se archive; y, el tercero, que si alcanzan los votos, los grupos provida apelarán a un veto presidencial. El sector de feministas, representado por Ana Cristina Vera, espera copar las inmediaciones de la legislatura con la marea verde , mujeres con pañuelos, prendas verdes y más simbología que las representa. Están convocadas desde las 09:00. Vera cuestiona que ninguno de los cinco bloques legislativos haya asumido con la seriedad suficiente el debate de la ley del aborto por violación dentro de cada bancada, y decidan liberar el voto con el único propósito de evitar conflictos internos en los partidos y movimientos políticos.Considera que hay bloques como Pachakutik, Izquierda Democrática y Unión por la Esperanza, que se dicen progresistas, pero que no tienen una postura en defensa de los derechos humanos de las mujeres. El sector feminista del Ecuador, añade Vera, esperaba de estos tres movimientos políticos un apoyo a una ley más justa y reparadora para garantizar el aborto por violación de acuerdo con los fundamentos ideológicos de esos partidos, pero “no hay un compromiso real y más bien se lavan las manos”. Respecto a los plazos que se proponen en los dos informes para la interrupción del embarazo por violación, la activista señala que técnicamente es inadecuado poner plazos a una causal tan extrema como violación , y que poner plazos implica excluir del acceso a los servicios de salud a niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que están en condiciones de vulnerabilidad.La activista insiste en que la Corte Constitucional ordenó que se legisle con base en estándares internacionales, desde ese punto de vista las 12 semanas que se plantean en un informe de minoría no lo contemplan los estándares. No se trata de fijar un plazo a gusto y conveniencia política, sino de hacer un análisis en lo ordenado por la Corte Constitucional. Si la ley que saldría de la Asamblea no cumple con los estándares, el camino será una demanda por inconstitucional, advierte. (I)

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