Ni una secretaría, ni una comisión, ni un frente anticorrupción, creados y promovidos por los gobiernos de turno de los últimos años, ha perdurado en el tiempo y ha dado resultados con cambios estructurales contra este mal.

Las instituciones anticorrupción, así como las políticas públicas declaradas para el efecto se han diluido en reformas legales y cambios de denominación que las han debilitado cada vez más hasta terminar en su eliminación.

Frases como “tolerancia cero frente a la corrupción” del expresidente Rafael Correa o “una cirugía mayor a la corrupción” del expresidente Lenín Moreno fueron escuchadas por la ciudadanía durante catorce años; mientras, en paralelo, se creaban secretarías, frentes y comisiones.

Acompañado de una declaratoria de “política de Estado” la lucha contra la corrupción, Correa creó la Secretaría Nacional Anticorrupción, adscrita a la Presidencia (2007), luego creó la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (2008), la cual después fue reducida a Subsecretaría General de Transparencia, absorbida por la Secretaría Nacional de la Administración Pública (2013).

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Finalmente, el organismo anticorrupción vuelve a adquirir cierta autonomía con la creación de la Secretaría Técnica de Transparencia de Gestión (2014), pero, dos años después fue suprimida (2016).

Estos organismos se dedicaron a hacer investigaciones puntuales, pero no a sentar las bases para prevenir y erradicar la corrupción en el país y sus instituciones.

En tanto, Moreno creó el Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (2017), a menos de un mes en funciones. Fue integrado por nueve personas, cuatro eran altos funcionarios del régimen. Se disolvió a los cinco meses, entregó un informe de recomendaciones y no investigó ningún caso de corrupción.

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Luego creó la Secretaría Nacional Anticorrupción (2019), también adscrita a la Presidencia de la República y eliminada cerca de un año después por quejas de organismos como la Fiscalía General del Estado de que interfería en sus funciones.

Finalmente, Moreno dio paso a la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce) para investigar, prevenir y sancionar este tipo de delitos (2019).

Esta comisión nunca pudo empezar su trabajo de investigación de casos de “alto impacto” y sus integrantes, más de un año después de su creación, informaban que no obtenían los recursos necesarios para su funcionamiento, ni la aprobación de su estatuto.

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Ahora, a menos de cuatro meses en funciones, el presidente Guillermo Lasso anuncia la creación de otra Comisión Anticorrupción con el carácter de “interinstitucional”, es decir, conformada por las diferentes instituciones del Estado.

Además, anuncia también la emisión de una política pública que determine el funcionamiento de dicho organismo, firma un acuerdo con el Sistema de Naciones Unidas que incluye la detección, investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción.

Además, está por crear una Consejería Presidencial, liderada por el exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Verdesoto, para que supervise todas las acciones y programas que se presenten para combatir la corrupción.

De acuerdo con el último estudio de Click Report, la lucha contra la corrupción ocupa el cuarto lugar dentro de las acciones “urgentes” que la población piensa que debería implementar el presidente Lasso, con el 12,11 %. Antes de este tema están generar estabilidad económica, apoyar a la empresa privada para generar nuevas fuentes de trabajo, y combatir la inseguridad y la delincuencia.

Respecto a este tema, Mauricio Alarcón-Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), que es el contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador, expresó que la lucha contra la corrupción, así como la integridad y transparencia en el sector público, no han sido tratados con la seriedad que el tema demanda, todo ha sido producto de improvisación y coyuntura, creando instituciones sin ningún contenido, “solamente de fachada”.

“Esto, de la mano de la débil normativa vigente en el país para el efecto. Si bien es cierto que en los últimos meses varias normas anticorrupción han empezado a ver la luz en la Asamblea, buena parte de ellas, en función incluso de compromisos internacionales adquiridos por Ecuador en el contexto interamericano y de Naciones Unidas, estaban pendientes; creo que todo ha sido sin base, sin planificación”, agregó.

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El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Germán Rodas Chaves, manifestó que toda oficina que proviene de las esferas públicas y del poder con el objetivo de luchar contra la corrupción “no responde a los intereses de la sociedad civil, sino del poder”, y por eso debe ser vigilada por la sociedad civil.

Rodas Chaves señaló que oficinas similares fueron fundadas en otros gobiernos y fracasaron, “incluida la propia primera comisión con las Naciones Unidas que no hizo absolutamente nada”.

“Lo importante sería tener claro qué mismo van a constituir, pero cuando es una oficina del Estado con otros instrumentos supraestatales, nos quedan, al menos, dudas de su operatividad, de su eficacia (...) esperamos que no sea el segundo capítulo de una oficina que funcionó de manera inadecuada y se cerró sola, en el gobierno anterior”, expresó Rodas Chaves. (I)