El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tendrá que buscar nuevas oficinas para el funcionamiento de su delegación en Guayaquil (Guayas).

La Corporación Financiera Nacional (CFN) anunció oficialmente el proceso de remate de bienes propios, entre los que constan 24 edificios ubicados en Guayas, Manabí, El Oro, Azuay, Pichincha, Chimborazo, Imbabura y Tungurahua.

Según la entidad financiera, el «remate de bienes propios es un proceso abierto y transparente» y aquellos que estén interesados en adquirir uno de ellos podrán visitarlos hasta el 13 de agosto.

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Entre esos bienes se encuentra una oficina ubicada en el edificio BancoPark en Guayaquil, que estaría dada en comodato al Consejo de Participación Ciudadana.

Según se conoce y, de acuerdo con la convocatoria para el remate, el plazo de vigencia del comodato culminaría el 6 de octubre del 2023, por lo que el CPCCS tendrá que dejar esas instalaciones que corresponden a un área de 1.522,50 m² y está valuada en $ 1′440.646.

Desde el CPCCS no ha habido un pronunciamiento oficial sobre esta convocatoria de remate de bienes.

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Sin embargo, a finales de julio, el vocal y presidente del organismo, Alembert Vera, anticipó que expondría ante la Presidencia de la República sobre la «irrupción» de personal de la CFN en esas instalaciones; además, que habría presentado una denuncia sobre ese hecho en la Fiscalía del Estado.

En declaraciones públicas, Vera dijo que esperaba que esto no «sea otro ataque del Gobierno de nuevo de esta cantaleta de querer dejarnos sin oficinas» y criticó: «Es lamentable que personeros de la CFN cual pandilleros, como si fueran asaltantes o vacunadores, pretendan entrar a una instalación a la fuerza. No lo vamos a permitir».

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El remate de esta oficina se da de forma paralela a que el presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió el 5 de junio el Decreto Ejecutivo 759, con el cual derogó otros decretos emitidos por el expresidente Rafael Correa, en los que se transfirieron bienes inmuebles de propiedad del Banco Central del Ecuador (BCE) al CPCCS y a Inmobiliar, atendiendo la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero.

Uno de esos decretos derogados fue el 494, que suscribió Correa en octubre del 2010, en el que requirió al Banco Central que el inmueble signado con el número 15, en una escritura de unificación de bienes, se lo traspasara al dominio y propiedad a título gratuito del Consejo de Participación Ciudadana.

Ese inmueble se denomina Centenario y está ubicado en Santa Prisca, en el centro norte de Quito, y es parte del complejo del Banco Central, en donde ha venido funcionando el Consejo desde el 2011.

Lasso argumentó que la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero «impide al Banco Central del Ecuador proporcionar ayudas, donaciones o contribuciones financieras a personas naturales o jurídicas, sin establecer excepción alguna».

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Con lo cual, el BCE, según el Gobierno, tiene prohibición para realizar transferencias a título gratuito de sus bienes inmuebles propios.

Por ello derogó el Decreto 494 y dispuso a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) que se encargue de acatar la prohibición del Código Monetario. (I)