La Contraloría General del Estado observó al Consejo Nacional Electoral (CNE) por mantener a 396 funcionarios con contratos de servicios ocasionales, bajo una figura no prevista en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
El examen especial se aprobó en junio del 2021 y tuvo como objeto analizar la terminación, continuidad y autorización de contratos de servicios ocasionales en un periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de enero de 2020.
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Según el organismo de control, al 31 de octubre se terminaron contratos ocasionales; sin embargo, el 1 de noviembre se dispuso la continuidad de 396 contratos del 1 de noviembre al 31 de diciembre.
Se les dio “continuidad” porque hubo una asignación de recursos y la autorización del Ministerio del Trabajo, aunque esta autorización no se había solicitado con quince días de anticipación.
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La auditoría cuestiona la figura de continuidad porque no se encontraría prevista ni en la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento. “La subsecretaria de Fortalecimiento del Servicio Público (del Ministerio del Trabajo) autorizó lo solicitado (por el CNE) y manifestó que es procedente la continuidad, ocasionando que se vincule a servidores mediante una figura legal no establecida en la normativa vigente”, cita el informe.
A finales de octubre del 2019 se conoció la terminación de contratos de cientos de servidores del CNE.
La presidenta del organismo, Diana Atamaint, explicó en ese entonces que no se los había separado, sino que se les “acabó el contrato” y no había recursos para financiar sus prórrogas hasta diciembre. Y solicitaba al Ministerio de Economía y Finanzas una asignación de $ 1′300.000.
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Para mantenerlos, según recoge el informe de control, el CNE había justificado “la imperiosa necesidad de dar continuidad a 396 contratos de servicios ocasionales”. Dio por terminado unilateralmente a 270 contratos de servicios ocasionales a los cargos que ostentaban al 7 de noviembre de 2019 y después del 8 de noviembre de 2019, el personal empezó “una nueva relación laboral con un nuevo cargo y nuevas actividades”.
Por otra parte, la auditoría concluyó que el Consejo realizó pagos por contratos de servicios ocasionales en noviembre y diciembre del 2019 por $ 1′613.873. Esto pese a que el saldo disponible para este ítem, al 31 de octubre, era de $ 517.713, “valor insuficiente para cubrir las obligaciones contraídas entre el 01 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019”.
Para realizar esos pagos, se había observado que el Consejo hizo disminuciones en la partida de Bienes y Servicios de Consumo para aumentarlo a Gastos de personal y así cubrir las contrataciones de los servicios ocasionales.
Según la Contraloría, el CNE no contaba con los recursos para cubrir las obligaciones en esos dos meses, pues si bien había una disponibilidad por $ 3′968.271 para gastos de personal, el dispuesto para servicios ocasionales era solo de $ 517.000, para lo que la entidad hizo reformas presupuestarias “después de haber contraído compromisos por concepto de contratos de servicios ocasionales”.
En otro aspecto, se determinó que en la revisión de 345 expedientes del personal de contratos de servicios ocasionales se evidenció que se incumplían requisitos previos al ingreso al servicio público.
Por ejemplo, que hubo funcionarios contratados que mantenían deudas con el Sistema de Rentas Internas, el IESS, o presentaron su declaración juramentada de forma “extemporánea”.
Sin mencionar los nombres, la auditoría revela que una “consejera” (Esthela Acero) pidió a Atamaint que vincule a un “economista” para el cargo de coordinador administrativo, quien no había contado con la experiencia determinada en los “Perfiles Profesionales” que constan en el Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos.
El funcionario señaló en su hoja de vida registrada en Socio Empleo que laboró en una empresa Cell Kit como administrador de almacén, asistente de ventas y coordinador de inventario entre agosto del 2012 y agosto del 2014.
Pero en la documentación que reposa en el CNE se observó que el gerente de Cell Kit certificó que el servidor trabajó en Mobile Solutions desde el 1 de mayo de 2012 hasta el 1 de mayo de 2016, desempeñando el cargo de administrador, asistente de contratación, coordinador de inventario y administrador de bienes.
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Es así que se detectaron “inconsistencias” en la información, porque “el tiempo informado por el servidor no correspondía a las fechas y nombre de la empresa, además que en el IESS no se verificaron aportaciones que confirmen la relación laboral con Cell Kits o con Mobile Solutions”. Al contrario, entre febrero y agosto de 2012 se observaron aportes de una empresa de elaborados cárnicos.
Para la Contraloría, el funcionario no demostraba la experiencia y conocimientos de la dinámica territorial del país, como exigía el CNE en un informe previo.
“Se vinculó mediante un contrato de servicios ocasionales de 11 de noviembre de 2019, una persona que no demostró acreditar el tiempo de experiencia y conocimientos en la dinámica territorial del país”, concluyó el examen especial. (I)