Mientras Sofía Almeida goza de una licencia de maternidad, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) medirá fuerzas para tener los votos y aprobar el instructivo al reglamento para designar al nuevo titular de la Contraloría General del Estado.

Solo uno de cinco concursos de selección de autoridades que realiza el Consejo de Participación Ciudadana avanza con la integración de la veeduría

Cuatro consejeros del pleno del Consejo de Participación Ciudadana perdieron uno de los votos, una vez que la presidenta Sofía Almeida estará con licencia de maternidad, acogiéndose a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

Almeida notificó de su ausencia temporal el pasado 26 de julio, por lo que se convocó a la consejera suplente Mónica Moreira Morán para que la remplace temporalmente.

Sin embargo, Moreira -cercana a la Federación de Trabajadores del Sector Eléctrico y a la Red de Maestros, grupos sociales afines al expresidente Rafael Correa- comunicó que se encuentra atravesando una calamidad doméstica, por lo cual no presentó los documentos habilitantes para ejercer la suplencia y no podrá asumir mientras no cumpla los requerimientos.

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Mónica Moreira Morán

En esa relación de hechos, la mayoría del CPCCS sufrió un primer revés al no tener los votos para aprobar el orden del día de una sesión ordinaria convocada este 28 de julio, en la que se tratarían temas relacionados con veedurías ciudadanas provinciales.

Los consejeros de la minoría: Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira se abstuvieron de aprobar el orden del día; y Hernán Ulloa se ausentó en la votación, aunque sí registró su participación.

Solo quedaron los votos afirmativos de Ibeth Estupiñán, Javier Dávalos y el vicepresidente David Rosero, quien asumió la presidencia.

Rosero reprochó a la minoría que ante su “decisión de abstenerse y de otro consejero de ausentarse” quede registrado en actas “quienes hemos generado esta acción de trabajar”.

El lunes último, una sesión extraordinaria que se convocó a las 20:30 tampoco pudo instalarse porque Almeida no asistió. En ella se preveía aceptar la renuncia de la prosecretaria Lourdes Espinoza y nombrar a un nuevo funcionario.

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Hubo el quorum con seis vocales presentes, pero sin dar detalles se suspendió y al final se escuchó una frase de Ulloa: “¿Qué pasó?, no tienen los votos”, y sonrió.

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Esta situación expondrá a Estupiñán, Dávalos y Rosero a buscar el voto de Moreira cuando logre asumir, para aprobar el proyecto borrador de instructivo al reglamento para la selección del nuevo contralor general del Estado por concurso de méritos y oposición, que es elaborado por una comisión técnica, conformada por asesores de los siete consejeros.

El pleno resolvió el 21 de julio pasado, dar siete días a sus asesores para elaborar el instructivo, en el que se definen aspectos como la verificación de los documentos y la puntuación de los méritos de los postulantes a ser contralor.

Los consejeros deben conocer el documento y aprobarlo. Con ello, se podrá convocar a la integración de la veeduría ciudadana, que observará la transparencia del concurso.

Concurso para elegir al nuevo contralor del Estado costaría $ 393.000, según presupuesto que pide Consejo de Participación Ciudadana

Hay varios cambios que se debaten en esa comisión. Uno de ellos es que se pretende eliminar un artículo sobre la calificación de los méritos por capacitación.

El proyecto borrador inicial plantea que los certificados de eventos de capacitación recibida o impartida que tengan más de cinco años a partir de la convocatoria al concurso no serán valorados.

Pero se plantea eliminar ese requisito para evitar, supuestamente, “un criterio de exclusión de los candidatos y puede privar al país de candidatos de gran experiencia y conocimiento que han desempeñado altas funciones en los espacios públicos o privados y personas mayores de 65 años que no han trabajado o recibido capacitación específica en los últimos cinco años”.

Antes de ausentarse, Almeida solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de un presupuesto de $ 393.000 para la organización de este concurso público. (I)