La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, abrió un proceso de compra de seis vehículos de alta gama para la institución legislativa y que tendría un costo que superaría los $ 60.000 cada uno.

La alerta la dio el asambleísta de Pachakutik por Azuay, Bruno Segovia, quien confirmó que la adquisición de los vehículos dispuesta por su coidearia del movimiento superaría los $ 360.000, y señaló que no le parece bien que se compren vehículos en medio de una crisis económica en la que se deben destinar los recursos a lo más urgente.

Aclaró que no se está acusando de actos de corrupción o de irregularidades, lo que considera es que no es urgente adquirir una flota de vehículos cuando hay al menos quince automotores que tiene la Asamblea Nacional y que solo habría que reparar, lo cual reduciría el costo.

Publicidad

Insistió en que habiendo vehículos que bien se pueden someter a reparación, con una pequeña inversión, se arreglan y pueden servir en una época de crisis.

Segovia anunció que están investigando otras cosas que oportunamente se darán a conocer al país, pues el compromiso es fiscalizar y cambiar esta Asamblea del 2 %, y aquí no hay espíritu de cuerpo, afirmó, tras expresar también su preocupación por los gastos en que habría incurrido la Asamblea Nacional por la reunión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en la provincia de Orellana el pasado 29 de julio.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, presentó su apoyo a la alerta del asambleísta Segovia y dijo que este 30 de julio confirmó que está abierto un proceso de compra de vehículos, por eso solicitará formalmente a la presidencia de la Asamblea una justificación, en momentos de crisis económica y en que en la Comisión de Fiscalización ni siquiera se tiene una buena impresora, se haya dispuesto la adquisición de estos vehículos.

Publicidad

Dijo que esta preocupación por la compra de vehículos para la Asamblea tiene mucho más sentido cuando existen condiciones económicas de alta fragilidad en el país y la propia legislatura. Anunció un proceso de investigación dentro del Parlamento.

Los dos legisladores también expresaron su preocupación respecto de los gastos en que incurrió la Asamblea Nacional en la provincia de Orellana el 29 de julio, cuando se desplazó a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), a tres jefes de bancadas y a sus grupos de apoyo por los 23 años de provincialización. (I)