Auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado (CGE) a varias empresas públicas permitieron identificar que entre los años 2011 y 2021 hubo falencias recurrentes en la gestión de talento humano de dichas entidades.

Los principales incumplimientos cometidos por las empresas públicas, según el órgano de control, tienen que ver con deficiencia en la planificación y diseño de instrumentos para la administración de personal; así como omisiones en la verificación de requisitos para ascensos, encargos y reclutamiento; fallas en el otorgamiento de nombramientos definitivos; y el control de la asistencia.

Publicidad

Son en total 73 hallazgos de irregularidades que la Contraloría estableció en el octavo reporte de control público, que abarca una muestra de 11 informes de auditoría aprobados entre 2018 y 2022, informó la institución en un comunicado. En el reporte no se detallan los nombres de las empresa públicas evaluadas.

“No se diseñaron planes, políticas ni se definieron los perfiles profesionales para las entidades. La ausencia de estos insumos impidió especificar las cualidades del talento humano y la cantidad necesaria de trabajadores para cumplir los objetivos misionales, previo al reclutamiento, selección, valoración y evaluación de los funcionarios”, concluyó el informe.

Publicidad

Las convocatorias para contratar personal se realizaron sin justificativos técnicos debido a la carencia de informes técnicos que sustenten la necesidad de profesionales en las unidades administrativas.

No se evaluó el rendimiento de los servidores, sus funciones, responsabilidades y perfil de los cargos, lo que derivó en que no se identificaron oportunidades de ascensos ni necesidades de capacitación. Tampoco se elaboraron planes de formación de personal “y transcurrieron periodos de hasta tres años en los que no se cumplieron a cabalidad las actividades de capacitación previstas”.

Además, se detectaron un 20,5 % de irregularidades dentro de los controles para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para poder ingresar al servicio público o recibir ascensos.

Existen casos de funcionarios que no cuentan con títulos profesionales, otros tienen títulos sin validez legal. Los equipos auditores también hallaron que hubo promoción de personas que no cumplieron con la formación y experiencia requeridas para asumir las nuevas responsabilidades.

“Las acciones de personal se suscribieron sin verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales. Además, en los expedientes no constaron: formularios de no incurrir en nepotismo, títulos que acrediten la formación profesional, declaraciones juradas de bienes, acuerdos de confidencialidad, etc.”, destaca el reporte de Contraloría.

En las auditorías también se examinaron los nombramientos otorgados. En ese sentido, se encontraron casos de nombramientos permanentes que fueron entregados sin que se hayan ejecutado concursos de méritos y oposición.

Sobre la selección de personal, el informe de control expone que se incurrieron en errores dentro de la calificación de pruebas y no existen registros que verifiquen la entrega de documentos para seguir con los procesos de reclutamiento.

Otra falencia de las empresas públicas examinadas es la carencia de mecanismos de control de la asistencia y permanencia de los servidores.

“Los funcionarios no registraron su ingreso a la jornada laboral, pero no se emitieron llamados de atención para prevenir nuevas faltas; se autorizaron permisos remunerados por calamidad doméstica, matrimonio o paternidad/maternidad sin respaldos documentales”, determinó la Contraloría. (I)