“La Contraloría General del Estado no ‘encubre’ a nadie ni ha declarado ‘secreta’ ninguna información”. Así lo señaló este lunes a través de un comunicado el contralor (s), Carlos Riofrío, al puntualizar que la institución realiza un trabajo técnico en estricto respeto a la Constitución, a las leyes vigentes y al debido proceso.

Esto, respecto a los reiterados pedidos de asambleístas sobre información personal de ciudadanos y personas jurídicas que mantienen expedientes, responsabilidades administrativas, glosas, órdenes de reintegro o informes de indicio de responsabilidad penal, como resultado de los exámenes especiales practicados por este ente de control.

Sin embargo, la Contraloría General del Estado (CGE) solicitó este lunes a la Procuraduría General del Estado que se pronuncie sobre la procedencia o no de la entrega de información a los asambleístas. “Puntualmente se pregunta si es procedente que los asambleístas, con fundamento en los artículos 110, numeral 3 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, requieran a la Contraloría General del Estado información certificada, a fin de conocer si los ciudadanos tienen expedientes abiertos con responsabilidades”, informó la Contraloría a través de un comunicado.

Un centenar de pedidos de información y datos hizo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional

Esto, según la entidad, debido a que en los últimos meses ha recibido de los asambleístas insistentes requerimientos de información personal certificada de exservidores, servidores públicos, personas naturales y jurídicas de derecho privado que tienen responsabilidades administrativas culposas, responsabilidades civiles (glosas y órdenes de reintegro) e informes con indicios de responsabilidad penal, así como el detalle de los exámenes correspondientes.

En tanto, la CGE hizo conocer este lunes de esta consulta al asambleísta Fernando Villavicencio, titular de la Comisión de Fiscalización, indicando que inmediatamente del pronunciamiento de Procuraduría se le responderá con la información solicitada a través del oficio AN-VVFA-2021-0062, recibido el 27 de agosto pasado.

Villavicencio, el 16 de agosto, presentó una denuncia en la Fiscalía sobre la existencia de una “estructura criminal” que desapareció informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) y millonarias glosas en la CGE.

“Se ha hecho la entrega formal de una denuncia penal en contra de una estructura delictiva que ha operado en los últimos quince años en la CGE. Esta estructura ha estado liderada por los excontralores Pablo Celi y Carlos Pólit y por una serie de funcionarios y mandos medios, exdirectores de responsabilidades, que han sido parte de toda una trama de corrupción que va desde el desvanecimiento de glosas por más de $ 1.000 millones en perjuicio del Estado ecuatoriano, la desaparición de documentos importantísimos como IRP”, explicó Villavicencio.

La Contraloría explicó que los datos personales solicitados guardan reserva en virtud que los actos administrativos, generados por este organismo de control están en proceso de juzgamiento de cuentas, lo que permite a las personas naturales o jurídicas auditadas, el derecho a ejercer su defensa en las instancias administrativas y judiciales que correspondan.

Asambleísta Fernando Villavicencio presenta denuncia sobre estructura de corrupción en la Contraloría General