Cinco exfuncionarios de la extinta empresa pública Petroamazonas y una proveedora de servicios fueron observados por la Contraloría General del Estado con glosas y responsabilidades civiles que ascendieron a los $ 51,9 millones, por un «incumplimiento del Plan Anual de Actividades Comprometidas».

La Contraloría informó, este 6 de julio de 2023, que se confirmó la responsabilidad civil de cinco exfuncionarios de lo que fue la estatal Petroamazonas (absorbida por Petroecuador) y una proveedora de servicios, porque sin «justificaciones técnicas y económicas» se reprogramaron las inversiones en campos menores en perjuicio del Estado.

El organismo de control detalló que se fijó una glosa que ascendió a los $ 36′546.275 para los exfuncionarios y la contratista de Petroamazonas, porque sin argumentos técnicos o económicos se incumplió el Plan Anual de Actividades Comprometidas del 2020, cuya sanción responde al «valor de las inversiones que no se efectuaron en ese periodo».

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En detalle, el personal había aceptado reprogramar la ejecución del contrato de servicios específicos y aceptaron argumentos como una supuesta «falta de licencias ambientales para perforar pozos» y la existencia de «problemas en la importación de equipos para realizar su trabajo debido a la pandemia por COVID-19».

Sin embargo, el equipo de control había identificado que las plataformas en las que se debía intervenir contaban con las regulaciones ambientales y no se requerían nuevas licencias.

Respecto de la segunda justificación, se confirmó que la proveedora de los servicios no tuvo actividades entre enero y marzo del 2020, es decir, «antes del inicio de la emergencia sanitaria», y que además, la declaratoria nacional de estado de excepción por la pandemia, decretada por el entonces gobierno de Lenín Moreno, «no incluyó a los sectores estratégicos».

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La empresa fue contratada para suministrar servicios específicos, como actividades de perforación, reactivación de pozos cerrados, construcción y ampliación de plataformas petroleras y, según la Contraloría, en su contra se determinaron responsabilidades civiles adicionales por $ 15′361.859.

Esto, porque la contratista había ejecutado otras «reprogramaciones que alteraron la planificación de las inversiones» en Petroamazonas.

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«El contrato suscrito con la empresa pública establecía que el proveedor forme parte del Comité Ejecutivo de Petroamazonas y tenga voto dirimente en la toma de decisiones. Valiéndose de esta condición, la contratista aprobó los cambios pese al desacuerdo de los funcionarios de la entidad», reseñó la comunicación institucional.

En total, las responsabilidades administrativas determinadas bordean los $ 51′908.134, de acuerdo con un examen especial que se realizó a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de contratos para invertir en los campos menores Drago y Guanta-Dureno que se suscribieron en el 2018.

El expediente observó también que en dos años la contratista hizo inversiones por un 20 % del monto acordado en el contrato y suspendió los servicios el 31 de mayo de 2019 y no los reanudó, por lo que debió terminarse anticipadamente el acuerdo, concluyó el equipo auditor.

Aunque la Contraloría informó que las sanciones administrativas fueron confirmadas, los cinco exservidores y la proveedora pueden recurrir con recursos de revisión ante la misma institución o en los tribunales contenciosos administrativos. (I)

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