El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) discutirá una nueva fecha para convocar al concurso público para la renovación parcial de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, además, decidir qué reglamento guiará el proceso.
Después de siete meses de que una comisión ciudadana venía desarrollando el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para la renovación de dos vocales del Consejo Nacional Electoral, el juez Fausto Inca, de la Unidad Judicial de Samborondón (Guayas), aceptó una acción de protección que retornó el proceso a la etapa de la convocatoria, aunque dejó dudas al Consejo de Participación Ciudadana.
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En esta selección participaban 165 concursantes que se alistaban para rendir el examen de conocimientos y una prueba práctica tras haber superado la fase de calificación y recalificación de méritos.
No obstante, uno de los ahora expostulantes, Iván Heredia Tello, que obtuvo 17/50 puntos en sus méritos, planteó esta acción de protección alegando que se limitó su derecho a la participación, porque establecía como materias relevantes para la calificación títulos relacionados con Derecho Electoral, Ciencias Políticas, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derechos Humanos, Manejo de Datos Informáticos y Manejo de Datos Estadísticos y otras afines.
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El Consejo de Participación Ciudadana reconoció ante el juez «su responsabilidad como órgano e indicó que efectivamente se estaban vulnerando derechos constitucionales» con lo que la sentencia «dejó sin efecto el acto administrativo con el cual se convocó al concurso» y dispuso al CPCCS que se retrotraiga a la fase de convocatoria.
Según el presidente del organismo, Alembert Vera, solicitaron al magistrado que aclare aspectos como cuál debe ser reglamento que se use para repetir el concurso y qué hacer con las carpetas de las 165 personas que participaban.
Pero se negó la aclaración, pues según Inca, su fallo «se encuentra estructurado en sus partes expositiva, motiva y la parte resolutiva, sobresaliendo la exposición de motivos, no adolece de circunstancia oscura, pues se halla concebida en palabras y frases de fácil entender; es decir, no existe ambigüedad en su texto ni contiene elementos inexactos que alteren el sentido o alcance».
De este modo, el concurso de selección volvió a la etapa inicial, que es la convocatoria y, en este momento, «no hay postulantes», aclaró el consejero Alembert Vera.
«Va a haber una nueva convocatoria y en este momento no hay postulantes. La sentencia está en ejecución y no la podemos detener», recalcó.
Es decir, para esta nueva convocatoria no se considerarán las carpetas de ninguno de los 165 postulantes que fueron admitidos y calificados sus méritos y no se descarta devolverles los documentos que ingresaron al CPCCS.
Para Vera, este fallo es «saludable» porque no se requerirá ser abogado para participar, sino que van a poder acceder de «forma libre».
La sentencia se pondrá en conocimiento del pleno en los siguientes días para definir una fecha para convocar a la ciudadanía a postularse y establecer si el concurso se hará con el reglamento aprobado en el periodo de la expresidenta Sofía Almeida o si reformará la norma que se emitió en la administración del expresidente Hernán Ulloa.
«Entendería que va a ser lo mismo que ocurrió en el concurso de elección del contralor: volver al reglamento original. En este caso, hay una diferencia, que vamos a tener que forzosamente volver a la etapa de postulación», indicó Vera.
De acuerdo con el sistema de la Función Judicial, la Procuraduría General, como representante del Estado, apeló la sentencia de primer nivel de Fausto Inca y se encontraría en etapa de sorteo para configurar un tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas para su conocimiento y resolución.
El Consejo de Participación Ciudadana ha destinado alrededor de $ 50.000 para publicaciones oficiales obligatorias relacionadas con el concurso en medios de comunicación, según consta en el sistema de Contratación Pública del Estado.
A lo que se suma el pago de las dietas de cinco de los miembros de la comisión, que están en funciones desde noviembre del 2022 en representación de la «ciudadanía».
Los otros cinco miembros son delegados de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Electoral, Judicial, Legislativa y de Transparencia y Control Social, quienes perciben los salarios de las instituciones a las que representan.
El artículo 65 de la Ley del CPCCS señala que los comisionados, mientras duren en sus funciones, percibirán dietas diarias del 3,3 % de la remuneración mensual de un consejero.
La renovación parcial de dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral está pendiente desde noviembre del 2021, cuando se cumplió su primer tercio en funciones.
Desde entonces, los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita, Esthela Acero y Elena Nájera llevan 22 meses en funciones prorrogadas, hasta que el CPCCS concluya con la elección de dos de sus reemplazos. (I)