Los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no lograron llegar a acuerdos para establecer mecanismos para instalar mesas técnicas de diálogo con la ciudadanía, para cumplir con el Acuerdo Nacional por la Crisis Carcelaria que suscribieron las instituciones del Estado el pasado 15 de noviembre junto con el presidente de la República, Guillermo Lasso.
De entre los siete puntos que conforman este Acuerdo Nacional por la Crisis Carcelaria se decidió que el CPCCS promueva la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo con el Estado, “incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas”.
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Esto, luego de los hechos ocurridos entre el 12 y 13 de noviembre últimos, en que 62 personas privadas de la libertad (PPL) fueran asesinadas en el interior de la Penitenciaría del Litoral, a la que se suman otras muertes ocurridas en los meses de febrero, julio y septiembre pasado.
46 de 62 cadáveres de reos asesinados en la Penitenciaría del Litoral ya han sido reconocidos
Durante una plenaria del Consejo de Participación Ciudadana, que se desarrolló este 17 de noviembre, hubo dos propuestas que no fueron debatidas; y la sesión se suspendió luego de casi dos horas de un receso que declaró la presidenta Sofía Almeida, para generar un diálogo interno con los consejeros y llegar a consensos.
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El consejero Hernán Ulloa planteó la creación de siete mesas de trabajo que representen a cada uno de los siete vocales, en las que participen también delegados de la Procuraduría General del Estado, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para que, en el ámbito de sus competencias, puedan ejecutar las recomendaciones que emanen de la ciudadanía.
Según dijo, se trabajaría en el reconocimiento de las falencias que han existido en el sistema carcelario y en la reparación de las familias, para lo que será necesaria la intervención de la Procuraduría para que genere los procedimientos jurídicos.
Comentó que llegar a acuerdos con una familia afectada “no es sencillo, porque existe un dolor”, además que se deben alcanzar reparaciones económicas, simbólicas, la garantía de no repetición, etc. “Esto no puede ser un proceso que se alargue, que sea burocrático, pedir recursos económicos… Mientras más tiempo pase, más dolor se genera a las familias, se necesitan medidas ejecutivas e inmediatas”, enfatizó.
Asambleístas creen que la crisis carcelaria no se soluciona con aprobación de nuevas leyes
Por su parte, el consejero Francisco Bravo propuso que sean solo dos mesas de diálogo las que se conformen: una para conocer las propuestas para restructurar el sistema de rehabilitación social y la segunda, para trabajar en la reparación de las familias.
Almeida se inclinó por la propuesta de Bravo, pero suspendió la sesión por 25 minutos para elaborar una moción conjunta para la aprobación del pleno.
Después de casi dos horas de dicho receso, suspendió la sesión. (I)