La definición sobre quién dirige la Defensoría del Pueblo abrió un frente de conflicto con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a tres días de que la Corte Nacional de Justicia instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra del defensor titular, Freddy Carrión, investigado por el delito de presunto abuso sexual.

La mañana de este 23 de julio, la defensora subrogante Zaida Rovira presentó una medida cautelar para evitar que el CPCCS “analice”, en una sesión convocada para las 19:00 de hoy, un criterio jurídico en el que se concluye que ella estaría ejerciendo ilegalmente la subrogación; y, que Freddy Carrión se encontraba haciendo uso de sus vacaciones, mientras guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito por el delito que se lo investiga.

El CPCCS aclaró en un comunicado que en la sesión no está “previsto el cambio de ninguna autoridad”. La convocatoria es para “analizar” sus “atribuciones” legales, respecto de la situación legal de Carrión, como titular de la Defensoría.

En ese informe se defiende a Carrión alegando que su situación tiene “relación con hechos de naturaleza personal y privada” que están en investigación, por lo que se presume su inocencia, y que no se “relacionan con su gestión al frente de la Defensoría del Pueblo”.

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Este criterio entra en análisis a propósito de que este lunes, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Adrián, decida en audiencia si existen o no los elementos de convicción para emitir un auto de llamamiento a juicio o lo sobreseen.

La medida cautelar de Rovira se ingresó en el Complejo Judicial Norte de Quito y la competencia radicó en la jueza Diana Albán Solano.

Defensora subrogante Zaida Rovira plantea medidas cautelares para evitar una posible remoción

Rovira denunció que el Consejo no puede cesarla y “peor” nombrar a un defensor encargado.

Alegó que aún no se cumplen los tres meses que establece la Ley de la Defensoría del Pueblo para declarar que hay una ausencia definitiva de Carrión, que lleva 68 días en prisión, por lo que pidió que la “dejen trabajar”

“Advierto que lo que se pretende en este momento es apoderarse de la Defensoría del Pueblo a través de un criterio sesgado, mentiroso y fuera de la legalidad constitucional”, increpó Rovira.

Este conflicto surgió por este denominado criterio jurídico que fue elaborado por Freddy Viejó González, quien puso a disponibilidad su cargo el 28 de junio y se le aceptó la renuncia a inicios de julio.

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Y fue en una plenaria del 26 de junio, con el voto de los consejeros Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Sofía Almeida, que se solicitó este criterio.

Esto, después de que los consejeros Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa plantearon una moción para que se exhorte al ahora excontralor subrogante Pablo Celi y a Carrión a que presenten la renuncia a sus cargos al encontrarse presos. El primero, por presunta delincuencia organizada y el segundo, por la sospecha de abuso sexual.

Zaida Rovira advierte de intentos de ‘desestabilizar’ a la Defensoría del Pueblo

Por unanimidad se aprobó el exhorto para que renuncie Celi; pero sobre Carrión, los consejeros de mayoría pidieron dicho criterio.

El criterio de Viejó, suscrito el 6 de julio, justificó que Carrión al no encontrarse impedido de ejercer, sino que estaba de vacaciones, emitió una resolución el 18 de junio pasado con la que cesó a Rovira y designó a Tania Castillo Tejada.

El artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo establece que la ausencia definitiva se configura a los tres meses, y es cuando el CPCCS podrá encargar la Defensoría mientras dure el concurso público de méritos e impugnación ciudadana para designar a una nueva autoridad.

En caso de ausencia temporal lo reemplazará quien ejerza la Vicedefensoría.

Es en esa línea que Rovira defiende su subrogación y exhortó al Consejo a respetar la norma y que cuando se cumplan los tres meses pueden designar un encargo.

“Esto opera por imperio de la ley, después de los tres meses que da como ausencia temporal se configura la ausencia definitiva y se podrá nombrar un encargo”, aseveró Rovira y alertó que existirían “sectores interesados” en “apoderarse” de la entidad.

No desestimó que sería al mismo Viejó a quien se quiere designar como defensor encargado.

La opinión de Viejó, es que al haber sido cesada, sus actos carecen de valor. Además, que se estaría “configurando el delito de usurpación de funciones”.

En el Consejo de Participación Ciudadana hay dudas por contrataciones de personal en la Judicatura

Rovira ha sido cuestionada en los últimos días por ejecutar cambios en las delegaciones provinciales de la Defensoría.

Entre estos, a finales de junio se removió a Álex Estupiñán Gómez (hermano de la consejera del CPCCS, Ibeth Estupiñán) de la delegación de Esmeraldas, y a Milton Castillo, que era delegado en Galápagos y que tildó de “ilegal” la función de la defensora subrogante, en una entrevista en radio Democracia. (I)

Audiencia se realizará en la Corte Nacional de Justicia

El único investigado por el delito de presunto abuso sexual es Freddy Carrión Intriago. La diligencia está a cargo del juez nacional Luis Adrián Rojas y la acusación está en manos de la fiscal general, Diana Salazar.

Desde el 17 de mayo pasado que se dio la formulación de cargos, Carrión se encuentra privado de su libertad en la Cárcel 4, en el norte de Quito, debido a que se le ordenó prisión preventiva.

El 26 de julio próximo el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, enfrentará audiencia preparatoria de juicio por el delito de abuso sexual

La medida cautelar llegó debido a un supuesto abuso sexual que habría ocurrido, entre la noche del sábado 15 y madrugada del domingo 16 de mayo últimos, durante un festejo en la casa del exministro de Salud Mauro Falconí y en el que estaba la pareja de este último. Ella habría sido la persona que hizo el llamado para denunciar el abuso por el que ahora se le procesa al aún funcionario.

En la audiencia se analizará si existen o no los elementos suficientes para llevar a etapa de juzgamiento a Carrión. La diligencia tendrá dos partes: en la que se evaluará si existen o no vicios de nulidad que afecten lo actuado en instrucción fiscal y, si se declara válido todo lo actuado, se pasará a escuchar el dictamen acusatorio de Fiscalía y las pruebas periciales, testimoniales y documentales con que presentarán las partes procesales en una eventual audiencia de juicio. (I)