Ni para la gasolina de sus vehículos contempló la asignación presupuestaria el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para su funcionamiento del año 2021.

La crisis económica que atraviesa el país alcanza a las instituciones del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas resolvió una asignación de $ 6’762.863 al Consejo, cuyos consejeros aseguran que ello afectará a sus operaciones del año en curso.

De ese monto, el 90,58% se requiere para el pago de salarios de 286 funcionarios.

Finanzas le recomienda al Consejo de Participación Ciudadana disminuir personal si requiere presupuesto para elegir autoridades

Para gastos y servicios de consumo (servicios básicos, arriendos) cuentan con $ 556.915 y para otros gastos corrientes $ 79.300.

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Estos no serían suficientes para realizar sus actividades, y los vocales cuestionan que entre el 2017 y 2020 las asignaciones fueron en decaída.

En el 2017 el presupuesto codificado fue de $ 12′072.893; en el 2018, $ 10′649.145; en el 2019, $ 8′998.017; en el 2020, $ 7′117.958; hasta el 2021, con $ 6,7 millones.

La presidenta de la entidad, Sofía Almeida, dijo que envió un oficio al ministerio solicitando el incremento de recursos.

“No contamos con los recursos para hacer todo lo que quisiéramos hacer. No tenemos más que el 10% para actividades de administración, para operación tenemos prácticamente nada. Esto es un grave impedimento...”, expresó.

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En este pedido explicaba al Gobierno que para designar a autoridades del Estado requieren $ 878.155; y en total, para avanzar con los objetivos institucionales, $ 1’893.652. Su planificación es designar al titular de la Defensoría Pública, a los integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) y el Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras.

La consejera Ibeth Estupiñán cuestionó que con las reducciones se afectan incluso factores como los gastos de movilización.

Ello se evidenciaba en el Plan Anual de Contratación (PAC) que reportaba “cero” recursos para la gasolina de los vehículos de Quito y Guayaquil; “cero” para material de oficina; “cero” para tóneres, entre otros insumos.

El Plan Operativo Anual (POA) se aprobó con una asignación para el área de comunicación de $ 3.000, para gastos administrativos $ 629.197 y para recursos humanos $ 6′130.625.

El pleno del CPCCS conformó una comisión jurídica que elabore un análisis jurídico para solicitar una acción de protección en contra de la Secretaría de Estado, para que transfiera recursos y les restituya las retenciones que se le habrían hecho en el 2020. (I)