Legalmente solo la Asamblea Nacional tiene la potestad para censurar y destituir a los miembros de la Judicatura que hayan incumplido sus funciones

Pese a los exhortos hechos por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y otros gremios del sector judicial del país para que los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) renuncien a los cargos que actualmente ostentan y se hagan a un lado para que otros tomen las riendas de la institución, ninguno de los aludidos ha respondido directamente a las exigencias, más ubicadas en el plano de la moralidad y la ética.Legalmente los vocales del Consejo de la Judicatura únicamente pueden ser removidos de sus cargos mediante un juicio político en la Asamblea Nacional, instancia que podría estar integrada para mediados de noviembre próximo, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialice los resultados de las elecciones anticipadas que se dieron el 20 de agosto pasado, incluidos los datos del proceso electoral que se repetirá en las tres circunscripciones en el exterior.El artículo 131 de la Constitución vigente señala que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de autoridades entre las que están los integrantes del CJ durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.Para proceder a su censura y destitución de los miembros del Consejo de la Judicatura, refiere la norma, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes del Legislativo. La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.El lunes último, el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, informó que luego de una sesión extraordinaria, la mayoría del pleno de la Corte Nacional decidió retirar la confianza al presidente del CJ, Wilman Terán, quien en su momento fue mocionado para ser el representante del más alto órgano de justicia ordinaria del país en la Judicatura. La decisión se tomaba debido a que el accionar del presidente y los integrantes del CJ afectaba la institucionalidad de la Función Judicial y la seguridad jurídica del país.Saquicela ha explicado que la CNJ debe velar por la tutela de los derechos, de la seguridad jurídica y el debido proceso y, desde su óptica, lo que habría hecho el actual CJ es atropellar todo aquello. Reconoce que la Corte Nacional no tiene la facultad de destituir como sí la mantiene la Asamblea, pero independientemente de ello no puede ser desatendido el requerimiento. Wilman Terán ante una pregunta hecha en una entrevista radial sobre si se aferrará al cargo, él contestó que no lo hace y dijo que se ha dado cuenta de que cuando se lucha contra la corrupción estas son las respuestas. Pese a que habría solicitado al pleno de la CNJ que lo reciba, en un video publicado en su red social X, Terán dice que “nada debe justificar ni tiene que defenderse de los injustos, pues su propia y pesada carga de deshonestidad los aniquila”.“Ante tanto ataque mediático guardo la calma. Pretenden victimizarse acusándome falsamente sin ser honestos. Así los corruptos, quienes persiguen personas más que a delitos, los carentes de honradez, lo hacen por temor a que ya les toque y para protegerse recurren a inapropiado objeto. Todo por cuanto combato la corrupción y trabajo por un mejor servicio de justicia para los ecuatorianos. Los atacantes señalan defectos de forma, pero nada señalan sobre el fondo”, señala Terán en un video en el que no habla de dejar el puesto que debería ocupar hasta enero de 2025.En medio de toda esta situación, tanto la Fiscalía General del Estado como la Función Ejecutiva (gobierno de Guillermo Lasso, en este momento) recordaron el retiro del respaldo a quienes fueron colocados como sus representantes en otras administraciones: la vocal Maribel Barreno, propuesta por el entonces fiscal general, Paúl Pérez Reina; y Xavier Muñoz, mocionado por el gobierno del presidente Lenín Moreno. En ambos casos, se asegura que los vocales no los representan y mantienen agendas propias alejadas de la institución.Barreno no habla tampoco directamente de que seguirá en el cargo, pero defiende su designación durante el Consejo de Participación Ciudadana de transición liderado por el fallecido Julio César Trujillo. La vocal sostiene que ha cumplido un trabajo transparente, técnico y objetivo, sin responder a ningún tipo de agenda personal ni mucho menos en beneficio propio o de terceros.“En medio de la caótica y convulsionada crisis que vive el país por la ola de inseguridad que aqueja a los ecuatorianos, hago un llamado a todos quienes conforman los distintos órganos de la Función Judicial y las demás funciones del Estado a trabajar por los objetivos misionales y colectivos, y aunar esfuerzos por el desarrollo del país y velar por su institucionalidad; a dejar de lado intereses personales y políticos, así como viejas prácticas y componendas de odio y persecución que deben ser desechadas de nuestra sociedad”, afirmó Barreno mediante un comunicado colgado en sus redes sociales. Desde el Colegio de Abogados de Pichincha (CAP), liderado por Paúl Ocaña, se afirma que el CJ no ha definido ni ejecutado políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial, sino que por el contrario lo han conducido al caos. Se cree que lejos de velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial, han sido los integrantes del CJ los principales protagonistas de actos nada transparentes, que van desde la vulneración de la independencia judicial “presionando a jueces para buscar fallos arreglados”.Al considerar que ha tocado fondo el CJ, para el CAP la única salida posible para iniciar el rescate de la justicia es su inmediata y total depuración, por lo que se exige que todos los miembros del CJ renuncien a sus cargos. Según Ocaña, lo ético sería que los vocales de la Judicatura renuncien, pues de no hacerlo el sistema estaría aún más caótico y sin confianza al tener funcionarios que están legalmente nombrados, pero que al mismo tiempo tienen rechazo de diversos sectores, dejándolos sin legitimidad. Saquicela sostiene que este caso no se trata solo de Wilman Terán, sino que es el CJ el que está provocando inseguridad jurídica, en la tutela de derechos y realizando, incluso, actos bochornosos. “No puede un CJ en estas condiciones ser el órgano de gobierno del Poder Judicial. Los ciudadanos no solo exigen, sino que hay un clamor, de que la justicia sea diferente y un órgano como el CJ que respete el ordenamiento jurídico. A todas luces se ha hecho todo lo contrario”.Por otra parte, el Colegio de Abogados del Azuay ha exigido no solo que el Consejo de la Judicatura no siga con el concurso para la designación de siete jueces nacionales que inició a finales de julio pasado, sino también que esa instancia deje sin efecto la destitución del juez Walter Macías, magistrado de la CNJ que únicamente con los votos de Wilman Terán y el vocal Xavier Muñoz fue separado de su cargo en una sesión extraordinaria el 19 de agosto pasado.La administración de Guillermo Lasso, al explicar que el vocal Muñoz ha tenido un “bochornoso” proceder en la sesión que se destituyó, “violentando todo procedimiento jurídico” al juez Walter Macías, aspira a que la próxima Asamblea Nacional llame a todos los integrantes de la Judicatura a rendir cuentas. (I)

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