El Consejo de la Judicatura presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial para sancionar en régimen disciplinario a servidores judiciales involucrados en actos de violencia sexual en los que se encuentren involucrados servidores judiciales, que llevarían a la destitución independientemente del proceso judicial.

La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, indicó que existen muchos casos en la Función Judicial de servidores involucrados en acciones de agresión sexual, y lo que busca la reforma es que esos casos constituyan infracciones gravísimas, a fin de que el CJ destituya a la o el servidor judicial que realice actos de violencia sexual en contra de cualquier persona, independientemente de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.

En su exposición recordó un caso que conmovió al país, el denominado “querubín”, por el cual la Policía en conjunto con la Fiscalía realizaron un operativo en el cantón Puerto Quito y en otras localidades, donde encontraron a varias niñas que habían sido sometidas a la explotación sexual por parte de sus propios familiares y además con una suerte de red de trata, porque esas niñas eran ofrecidas a los vecinos. Estas niñas se encontrarían en doble situación de vulnerabilidad.

Pero esos casos se complican aún más cuando el presunto agresor es un servidor de la Función Judicial, en este caso, un ayudante judicial de la Unidad Judicial Multicompetente de Puerto Quito.

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En Puerto Quito niñas eran violadas por padres, hermanos y vecinos

El órgano de gobierno de la Función Judicial, explicó, requiere una normativa para que las infracciones sean suficientes como para poder sancionar en este tipo de casos. El actual artículo 109 del Código de la Función Judicial establece como infracción gravísima el acosar sexualmente a los inferiores jerárquicos o usuarios del servicio de justicia; por lo que se plantea que en lugar de la palabra acoso se incluya actos de violencia sexual; y además que la infracción incluya cuando los actos de violencia se realicen a cualquier persona.

Otra reforma planteada, indicó Maldonado, se relaciona a la caducidad de prisión preventiva. Explicó que el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República establece que la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en casos sancionados con prisión y de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si exceden estos plazos la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.

Indicó que la misma Constitución establece que dejar caducar la prisión preventiva por parte de los jueces, fiscales, defensores públicos, peritos o servidores de órganos auxiliares constituye una falta gravísima; sin embargo, las últimas reformas al Código de la Función Judicial no contemplan como falta gravísima el dejar caducar la orden de prisión preventiva; por eso, el Consejo de la Judicatura no cuenta con la norma para sancionar a aquellos operadores de justicia que dejen caducar la prisión preventiva.

La idea es que el CJ pueda sancionar con la suspensión del cargo, sin goce de remuneración y por el plazo de hasta 30 días, a los servidores que no fundamenten debidamente sus actos administrativos.

La tercera reforma solicitada por el CJ propone que en el artículo 97 se incorpore un numeral que determine que los servidores de la Función Judicial que sufran una enfermedad catastrófica o accidente grave, debidamente certificados, tendrán licencia con remuneración hasta por seis meses; así como el uso de dos horas diarias para su rehabilitación en caso de prescripción médica. Actualmente, este derecho es solo aplicable de manera supletoria única y exclusivamente para los servidores administrativos y no para los servidores jurisdiccionales.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se comprometió a tramitar el pedido del Consejo de la Judicatura que permitirá corregir inconvenientes que enfrenta la Función Judicial; como no apoyar la propuesta de aplicar sanciones a quienes contribuyen a la caducidad de la prisión preventiva, así como no apoyar el derecho a quienes trabajan administrando justicia para que puedan tener igualdad de condiciones cuando atraviesan difíciles situaciones como enfermedades catastróficas, anotó.

Litardo indicó que dejará encaminadas estas reformas y la primera acción es que en ocho días el proyecto será calificado por el Consejo de Administración Legislativa y luego tramitado en la comisión respectiva. Que su compromiso es tratar en lo posible que este Parlamento deje procesado el primer debate de este proyecto de ley. (I)