Dos llamados a comparecencias y un pedido de investigación fiscal fue la reacción política de la Asamblea Nacional a la divulgación de un audio en el medio digital La Posta, sobre una presunta intromisión en la justicia de parte del entorno del presidente de la República, Guillermo Lasso.

El portal divulgó un audio en que supuestamente intervienen los vocales del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo con el juez provincial que tiene a su cargo una acción judicial presentada por Guadalupe Llori, para evitar su destitución.

En el audio, Morillo aparentemente le pide ayuda al juez pues señala: “Les voy a ser frontal y sincero porque son de confianza, el presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar que se apoye en este tema, porque él ve que estas circunstancias no van por buen camino, no va a ir a una línea de derecho sobre todo; se están tomando el poder legislativo de una manera totalmente arbitraria”.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que rechaza las afirmaciones hechas en el audio que circula en medios y redes sociales en las “que se toma el nombre del presidente de la República, Guillermo Lasso, para afirmar que, supuestamente, busca influir en una decisión judicial”.

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El mandatario “no ha hablado ni hablará con ningún funcionario del Consejo de la Judicatura sobre este ni ningún otro proceso judicial”. Presionar a las autoridades de los otros poderes del Estado no es compatible con los valores democráticos y el irrestricto respeto al Estado de derecho y a la independencia de funciones, se señala en el mensaje.

Comparecencias e investigación

La primera reacción legislativa sobre este tema la presentó el legislador por Pachakutik Ricardo Vanegas, quien pidió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que se convoque a los miembros del Consejo de la Judicatura Juan José Morillo y Ruth Barreno, ante un “evidente tráfico de influencias e interferencia en la administración de justicia”, ejerciendo el poder político y de fiscalización.

Vanegas también ofició a la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación por el posible delito de tráfico de influencias e intromisión en la justicia.

Luego, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ordenó la notificación a los vocales Fausto Murillo, Xavier Muñoz, Ruth Maribel Barreno y Juan José Morillo, para que comparezcan ante la mesa el próximo 20 de junio, a las 14:00, para que se pronuncien sobre el audio reproducido en La Posta, emitido el 15 de junio de 2022.

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La asambleísta de la Izquierda Democrática Lucía Placencia ofició a la Comisión de Justicia para que se convoque a los integrantes del Consejo de la Judicatura por el supuesto caso de intromisión en la justicia, tras indicar que es una falta grave, lo cual no se puede permitir.

Posteriormente, el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Alejandro Jaramillo (antes de la ID), se adelantó a Villavicencio y llamó para este viernes 17 de junio a los cuatro integrantes del Consejo de la Judicatura y al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo Cabezas, para que expliquen acerca del audio divulgado, en el que “se presenta una denuncia contra los vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno, que podrían evidenciar un supuesto tráfico de influencias e interferencia en la administración de justicia”.

El coordinador de la bancada del PSC, Esteban Torres, calificó de grave la denuncia y aseguró que eso tiene relación con lo que denunció a inicios de semana sobre una intromisión del Ejecutivo para defender y sostener a Guadalupe Llori, y de esa manera restituirla en el cargo.

Que una vez que se han hecho públicas las pruebas, añadió el legislador socialcristiano, lo que corresponde es que los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se excusen dentro del proceso de apelación a la decisión de la jueza Raquel Herrera, que negó la acción de protección presentada por Llori.

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También propuso que la Comisión de Fiscalización abra el juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura sin más demoras, y que la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre este caso que caería en la figura de tráfico de influencias.

Salvador Quishpe, coordinador del bloque Pachakutik, descartó que haya un vínculo con el presidente de la República y la Judicatura, pues dijo que rechaza que estén utilizando estas formas para querer una cortina de humo y después señalar que no procede el respeto a los derechos de Pachakutik, movimiento al que pertenece Guadalupe Llori. (I)