Acciones de lucha contra la corrupción, contra la ‘persecución’ disciplinaria y gestionar presupuesto para atender a la Función Judicial concentraron las listas de ofrecimientos que expusieron los tres aspirantes a ser presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en reemplazo de Mario Godoy y Alexandra Villacís.
Hasta este viernes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está llamado a designar a un vocal suplente y principal para el Consejo de la Judicatura que reemplace a Alexandra Villacís y Mario Godoy, exconsejeros suplente y principal, respectivamente.
En una sesión extraordinaria de este 21 de abril en Quito, los consejeros del CPCCS escucharon los planes de trabajo de los aspirantes al cargo que nominó el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, que es una etapa previa a la designación que se hará por mayoría de votos de los siete consejeros o por unanimidad.
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El reglamento que rige para esta selección establece que, una vez conocidos los planes de trabajo de los participantes, corren dos días término para elegir a la autoridad.
Marco Rodríguez asistió a la plenaria con otros de sus colegas para observar y escuchar de cerca las exposiciones de los nominados, ya que quien obtenga más de cuatro votos de los consejeros de Participación se transformará en el presidente del Consejo de la Judicatura hasta el 2031.
La primera en exponer fue la actual conjueza nacional Mercedes Caicedo, quien, de llegar a ser electa, ofreció modificar los mecanismos de tratamiento de los procedimientos administrativos disciplinarios que se usan para “meterle mano a la justicia”, porque “la Judicatura lo que hace es cacería de brujas”, dijo la aspirante.
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Refirió que el CJ no ha hecho los concursos de selección de jueces de Corte Nacional, por lo que para el 2027 quedarán apenas cuatro magistrados titulares.
Para atender la infraestructura de las unidades judiciales y otras falencias, Caicedo dijo que se requieren $ 200 millones.
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El siguiente aspirante fue Ramón Echaiz, actualmente abogado en libre ejercicio en Miami (Estados Unidos) y exfuncionario de Petrocomercial y Filanbanco en Liquidación entre 1990 y 2000, que en la lectura de su propuesta dijo que trabajaría en mejorar el servicio tecnológico para el acceso a los expedientes electrónicos para la ciudadanía, abogados y servidores judiciales.
Si fuera electo consejero de la Judicatura, Echaiz señaló que en los 30 primeros días se dedicaría a solicitar información respecto de la situación de las unidades judiciales y administrativas.
Conocer el estado del talento humano, la situación de los expedientes disciplinarios, vacantes, encargos, presupuesto, modernización tecnológica y la situación real del expediente electrónico.
Consideró necesario instalar mesas técnicas y acoger sugerencias de la sociedad civil para hacer reformas legales, y se comprometió a hacer un trabajo transparente y transformar el Consejo de la Judicatura.
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La última en presentarse fue Paquita Chiluiza, actual jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que en su plan de trabajo admitió que la Función Judicial enfrenta el deterioro y pierde credibilidad.
En un breve diagnóstico, indicó que en el país hay 1.769 jueces en funciones y, para abril del 2026, hay un déficit de 721 jueces.
Por ello, consideró urgente la necesidad de hacer los concursos públicos para elegir a los 21 jueces nacionales y empezar con la implementación de las judicaturas para el tratamiento de recursos jurisdiccionales, que es una disposición de la consulta popular de 2024.
Sobre la lucha contra la corrupción, Chiluiza propone implementar un control y auditoría del sistema de sorteo de causas y fortalecer el sistema de quejas y denuncias.
Además, haría un control ético y patrimonial; promocionar la justicia abierta y hacer campañas de prevención sobre la corrupción judicial.
La funcionaria se comprometió a hacer los concursos de méritos de forma ágil y digital para la elección de jueces, fiscales, notarios, defensores públicos, para lo que se requiere “reformular la normativa”, señala su plan de trabajo.
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, gestión, acción disciplinaria de los servidores de la Función Judicial y, en los últimos seis meses, experimentó cambios en su pleno debido a que Mario Godoy, expresidente, fue censurado y destituido en un juicio político en la Asamblea Nacional y es investigado por posibles delitos de corrupción.
No se principalizó a su suplente, que era la abogada Alexandra Villacís, porque el Ministerio del Trabajo le reportó una inhabilidad para asumir cargo, y el CPCCS declaró de inmediato su ausencia definitiva el 10 de febrero y empezó con la renovación de las autoridades.
El organismo se compone de cinco vocales principales y suplentes electos por el CPCCS de ternas propuestas por las funciones Ejecutiva, Legislativa, de la Fiscalía General, Defensoría Pública y de la CNJ, cuyo delegado preside el CJ. (I)
